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Un testigo reabre el caso del joven que murió tras pasar dos años en coma por un botellazo

Un juez de Madrid ha decidido reabrir el caso del joven que falleció el pasado enero como consecuencia del botellazo que recibió en la cabeza en noviembre de 1996 a la salida de una discoteca situada en los bajos de Azca, y que le mantuvo dos años en estado de coma. El magistrado ha reabierto el caso tras surgir un testigo que asegura que vio lo ocurrido aquella madrugada a la salida de la discoteca Marismas, en la calle de Orense (Tetuán).

La víctima, Raúl Bravo Palacios, albañil de 24 años, recibió el botellazo en la nuca. Cayó al suelo y nunca más volvió a levantarse. El testimonio prestado ahora por un supuesto testigo de la agresión ha llevado al juez instructor a reabrir el caso y emprender varias líneas de investigación. El caso estaba archivado desde noviembre de 1998. Tras un año de infructuosas pesquisas, el magistrado optó por cerrar la investigación ante la imposibilidad de hallar a alguien que pudiese identificar a la persona que asestó a Raúl Bravo el fatal botellazo.Hasta ese momento, la única pista que existía sobre lo ocurrido era el confuso testimonio de Félix G. B., un amigo de la víctima que le acompañaba aquella noche. Félix, quien esa noche estaba embriagado, declaró en tres ocasiones sobre lo ocurrido. El único dato aparentemente fiable que aportó es que el autor del botellazo era una persona de etnia gitana que había salido tras ellos de la discoteca Marismas.

La agresión se produjo sobre la siete de la madrugada del 27 de noviembre de 1996. Raúl fue asistido por una dotación del Samur, que le trasladó, inconsciente, al hospital La Paz. Allí entró en coma y fue trasladado a la clínica Sear, donde permaneció dos años en coma, hasta que falleció el pasado 18 de enero.

La policía se presentó aquella noche en lugar de los hechos, alertada por el Samur, pero olvidó recoger del suelo los cascos rotos de la botella con que fue golpeado Raúl. Un examen de las huellas dejadas en los vidrios habría ayudado a identificar al agresor, según fuentes cercanas a la víctima. La familia está muy molesta con ese olvido policial. Por eso no descarta presentar una denuncia por la actuación de los agentes y reclamar una indemnización al Estado.

En las semanas siguientes a la agresión, la policía mostró a Félix álbumes de fotos sobre personas fichadas que podían responder a esas características. Todo fue estéril, y el juez terminó archivando la causa. En fuentes cercanas a la investigación policial existe la esperanza de que el testimonio surgido ahora permita arrojar luz sobre este crimen y lleve la tranquilidad a una familia que durante dos años no se ha apartado de la cama en la que yacía, en estado vegetal, uno de sus miembros.

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