PP y PA aprueban hoy un plan para legalizar la gasolinera de El Manchón

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), regido por populares y andalucistas, tiene previsto aprobar en el pleno de hoy un plan para que la gasolinera ubicada en el polígono comercial de El Manchón comienze a operar. Los socialistas, opuestos a que la estación de servicio este situada en una zona que concentra gran cantidad de personas, han denunciado a toda la corporación por un supuesto delito de prevaricación, acusándoles de proporcionar "beneficios millonarios" a la empresa Cuespi.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares, el andalucista Antonio Rubio, asegura que la aprobación de este plan "es sólo un paso más para legalizar la situación de la gasolinera y cubrir las necesidades del pueblo". Pero para la candidata a la alcaldía por el PSOE, Antonia Hierro, todo el proceso está impregnado de "irregularidades" por lo que ha denunciado a los nueve miembros de la corporación local por prevaricación. La estación de servicio está ubicada en el polígono El Manchón, cuyos suelos fueron recalificados de industrial a comercial en 1995 mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El delegado de Urbanismo propuso, tres años después de su redacción, aclarar un error en dicha modificación para que se incluyera la posibilidad de edificar gasolineras. La proposición fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento pero rechazada por la Comisión Provincial de Ordenación Urbana. En estos momentos, el Ayuntamiento tenía que pagar a Consuelo Fernández de Córdoba 125 millones de pesetas por la expropiación de un edificio de su propiedad, que es ahora la sede del consistorio. Al carecer de fondos suficientes, se acordó pagar mediante la adjudicación de terrenos. Le fueron cedidos 2.175 metros cuadrados de la superficie 14.2, donde está ahora la gasolinera. El 22 de abril se constituye la entidad mercantil Cuespi S.L. Un día después, el pleno municipal aprueba el convenio de adjudicación a Consuelo Fernández de Córdoba, y al día siguiente esta señora vende dichos terrenos a Cuespi por 125 millones de pesetas. Un mes más tarde, Cuespi pide licencia para ejercer la actividad de estación de servicios en dichos terrenos. En julio, el Ayuntamiento le concede la licencia y en septiembre esta empresa le otorga a la multinacional BP Oil España el derecho de superficie de la finca durante 20 años por el precio de 351 millones de pesetas. Rubio afirma que todas las operaciones se encuentran dentro de la legalidad, pero para Antonia Hierro es "sospechosa la celeridad" con la que ha ocurrido todo.