Los fiscales anticorrupción se quejan a Cardenal de que no les ampara ante los ataques recibidos

Los fiscales anticorrupción se han quejado al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal,de su falta de apoyo ante los ataques de que están siendo objeto "por actuaciones realizadas en estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales" y le han recordado que tienen derecho a que les "otorgue públicamente amparo". El acuerdo fue tomado por unanimidad de la Junta Extraordinaria de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 27 de enero. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, ha trasladado el acuerdo a Cardenal con el detalle de los casos en los que ha permanecido pasivo ante las críticas.

La queja de los fiscales arranca del escrito de Jesús Gil, alcalde de Marbella (Málaga) y presidente del Atlético de Madrid, que vinculó la querella criminal interpuesta contra él por la fiscalía con la supuesta amistad de Carlos Jiménez Villarejo y el juez del caso, Santiago Torres. Gil dijo que los registros de la corporación y del estadio Vicente Calderón fueron planificados con ocho días de antelación, a la espera de que estuviera de guardia precisamente dicho magistrado.Los fiscales estiman que las acusaciones de Gil constituyen "uno más de los casos en los que los fiscales o jueces encargados de la tramitación de asuntos que, por una u otra razón, tienen relevancia pública son objeto de informaciones inveraces, en la generalidad de los medios de comunicación, procedentes de las personas imputadas o de su entorno familiar, profesional, empresarial o político".

El documento remitido a Jesús Cardenal señala que cada vez con mayor frecuencia los acusados o imputados, "en defensa extrajudicial de sus intereses", transmiten a la opinión pública "informaciones u opiniones que tienden directamente a obstaculizar la investigación o el proceso penal, a desacreditar a las personas encargadas de la misma o a apartarlas del conocimiento del asunto".

Entre los casos recientes, los fiscales exponen los ataques recibidos por el fiscal jefe de Lugo por investigar la financiación del PP; las acusaciones y los ataques incluso contra la vida privada de la fiscal jefe de Guadalajara por su investigación del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Tomey; las informaciones sobre un supuesto interés personal del fiscal jefe y una fiscal de Tarragona en la investigación de un tráfico de influencias contra el alcalde de esa ciudad, Joan Miquel Nadal, de CiU; las acusaciones de Javier de la Rosa contra los fiscales encargados del caso KIO o de Miguel Durán respecto al caso Tele 5...

"Especialmente preocupante" consideran la situación de los fiscales antidroga, ya que "se enfrentan ordinariamente a los grupos de criminalidad organizada más importantes" y con más medios para tratar de impedir la acción de la justicia.

Poder de hecho

El texto aprobado por los fiscales resalta que el denominador común suele ser que los imputados, por ser personajes públicos o famosos y disponer de influencia y notoriedad en los medios de comunicación, por su capacidad económica o empresarial o su vinculación con poderosos grupos de delincuencia organizada, "tienen a su alcance un conjunto de posibilidades o un poder de hecho del que no dispone la inmensa mayoría de los ciudadanos".

De ahí, indican, que "cuando, como consecuencia de la actuación de los órganos jurisdiccionales, tales personas o grupos ven afectados sus intereses personales o patrimoniales reaccionan de manera persistente, mediante la difusión o publicación de manifestaciones o declaraciones que tergiversan la realidad de los hechos y transmiten a la opinión pública una visión absolutamente distorsionada e interesada del contenido de la investigación, con vulneración, muchas veces, del secreto de las actuaciones".

Ante tales mecanismos de "defensa paralela" y de presión a los órganos judiciales, los fiscales anticorrupción estiman que el ordenamiento jurídico se muestra incapaz para dar soluciones. Recuerdan que la legislación actual perfila unas causas de abstención y de recusación para jueces y fiscales que les dejan en la indefensión. Explican que tanto en los delitos de calumnias e injurias como en la defensa civil contra los ataques al honor, la intimidad y la propia imagen, exigen "la iniciativa del propio interesado", lo cual lleva emparejada la inmediata y necesaria obligación de dejar el asunto, aparte de que las informaciones contrarias, por inveraces que sean, no pueden ser rebatidas "por imperativo del secreto procesal".

Doble rasero

Ante esta situación, los fiscales anticorrupción recuerdan que el fiscal general del Estado puede legalmente "responder institucionalmente a los ataques de que son objeto sin fundamento funcionarios del Ministerio Fiscal, otorgándoles el amparo frente a aquellos que, además de perjudicar individualmente a los fiscales afectados, suponen, cuando quedan sin respuesta, el descrédito general de la institución".

Incluso señalan que Cardenal ha tomado tal iniciativa en algunos casos, lo cual significa un doble rasero, por lo que piden un trato igual. Entre las situaciones en las que se ha producido el amparo de Cardenal figuran, según explicó uno de los miembros de la junta, el apoyo prestado a los llamados fiscales indomables de la Audiencia Nacional o la actitud respecto a la competencia española para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina.