Medio Ambiente consintió vertidos en el marjal de Xeresa durante años

VIENE DE LA PÁGINA 1 Ésta es la primera iniciativa judicial y según consta en el expediente, Xaixo tenía una licencia para almacenamiento de escombros (aunque no otros materiales) en esa finca firmada el 13 de enero de 1997 por el alcalde, Ciprià Fluixà, de Unión Valenciana. En el informe del Seprona incluso se advertía de la posibilidad de que el Ayuntamiento no hubiera respetado "la consideración de humedal que puede tener el paraje donde se encuentra ubicado el vertedero, al autorizar el aterramiento de las balsas de agua allí existentes". Precisamente esta práctica, conceder casi un centenar de licencias para aterrar con escombros el marjal de La Safor, es la que motivó un año más tarde la querella del fiscal Carlos Almela por delito medioambiental y prevaricación contra el alcalde de Xeresa. La situación era insostenible, en los últimos años se había logrado desecar los ullals de centenares de fincas. El método era sencillo: se extraía con excavadoras el limo fértil, se rellenaba el hueco con cientos de camiones de escombros y se volvía a depositar el limo. El resultado, bastante destructivo: uno de los ecosistemas salvajes más valiosos y frágiles era transformado en una doméstica finca agrícola. Situación más patente puesto que el marjal de La Safor, 1.292,5 hectáreas de los municipios de Xeresa, Xeraco, Gandia y Tavernes de la Valldigna, estaba incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas que, una vez aprobado por el Consell, dará protección definitiva a los humedales allí listados. Tras la denuncia del fiscal y la acumulación de este expediente con la anterior de la Guardia Civil, ha aparecido un expediente de la Consejería de Medio Ambiente (segregada ya de Agricultura) que demuestra que conocía los hechos desde 1995. Este documento se originó a raíz de un informe de la Policía Autonómica sobre la desecación de la finca de Xaixo redactado dos años antes de la denuncia de la Guardia Civil. El relato policial es muy claro: "En el paraje denominado La Carabina (...) se hallan seis contenedores de la empresa Xaixo, cuatro de los cuales se encontraban llenos de escombros. Dicha parcela es una zona de marjal totalmente inundada de agua en la que se están realizando trabajos de desecación empleando para tal fin escombros procedentes de derribos observándose también algunos envases tanto metálicos como plásticos". Esta denuncia de la policía originó un extenso informe técnico de la propia consejería, fruto de una visita ocular en julio de 1995, en el que se califica las transformaciones agrícolas de "práctica habitual" en multitud de fincas del marjal. El informe de la Consejería de Medio Ambiente incluso advertía que este tipo de vertidos contravenía la ley de Aguas, la de Residuos Sólidos Urbanos, la de Actividades Calificadas, la de Impacto Ambiental y la de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Pese a la existencia de este informe, que también habla de la existencia de un expediente en el Servicio de Inspección, Medio Ambiente no detuvo los vertidos ilegales. Al parecer, la Unidad de Inspección Medioambiental únicamente solicitó al Ayuntamiento de Xeresa, en al menos tres ocasiones, información sobre la situación del marjal. La Consejería de Medio Ambiente nunca ha reconocido que tuviera conocimiento de las prácticas destructivas en el marjal. Así, ha habido que esperar hasta el verano pasado, cuando la juez de Gandia que instruye el caso ordenó la paralización de los vertidos, para que se detuviera la destrucción del marjal.

Las denuncias no parecen amedrentar al alcalde de Xeresa. Ciprià Fluixà, inmerso en un procedimiento penal que le podría costar hasta cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación, solicitó recientemente al Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia, encargado de investigar el aterramiento del marjal, permiso para continuar con esta práctica. La respuesta de la juez, de acuerdo con el fiscal, no se hizo esperar: la negativa ha sido rotunda. El fiscal Carlos Almela argumentó que la gravedad de los hechos investigados -el aterramiento continuo de un ecosistema cuyo interés reconoce la propia Generalitat- y la irreversibilidad del daño -los humedales desecados para su reconversión en área agrícola o su utilización como almacén de todo tipo de residuos- hacen totalmente desaconsejable el levantamiento de las medidas cautelares. La juez ordenó la paralización de todos los vertidos durante la investigación, que de momento, afecta sólo a Fluixà. Tanto la juez como el fiscal se han opuesto a la petición del Instituto de Defensa y Estudio Medioambiental (IDEA) de extender la querella al consejero José Manuel Castellá. Aún no han decidido si el equipo de gobierno de Fluixà puede ser corresponsable del supuesto delito.