Sentencia aplazada

En cuanto supo la noticia, Emilio Núñez cambió su expresión llorosa y suspiró aliviado. "Es como cuando a los condenados a la silla eléctrica les aplazan la ejecución en el último momento", comentó. Lo dijo después de saber que la orden de desalojo que pesa sobre la finca número 39 de lacalle de Genciana (Tetuán), en la que vive desde hace más de 60 años, quedaba suspendida hasta el 5 de marzo. En el inmueble habitan, como Emilio, y en régimen de alquiler, seis familias en condiciones lamentables. Pisos de 20 metros cuadrados, algunos sin retrete y con las paredes a punto de caerse. La mayoría de los vecinos son pensionistas.La finca fue declarada por mandato judicial en ruina económica (el coste de la reforma era superior al del inmueble). El Ayuntamiento intentó entonces comprársela al dueño, que se negó. Este rechazo llevó al Consistorio a anunciar que iba a expropiar la finca. Eso ocurrió en 1998. Un año después, sin embargo, el anuncio sigue sin cumplirse. Lo que sí se ha materializado es la orden judicial de desalojo por ruina. Una sentencia cuya ejecución fue aplazada ayer, in extremis, por el juez ante la penuria de los afectados. Ahora, la agonía se prolongará dos semanas más. Un tiempo durante el que los vecinos esperan que el municipio los realoje en viviendas dignas.