Condenados siete policías por detención ilegal y torturas de toda una familia en Madrid

La Sección Séptima de la Audiencia de Madrid ha condenado a siete policías por delitos de detención ilegal y torturas a una familia de cíngaros, en la comisaría del distrito Centro, situada en la calle de la Luna, en Nochevieja de 1989. El fallo condena a dos de los agentes a seis meses de arresto y siete años de inhabilitación especial. El relato de hechos es de una dureza inusitada: los dos agentes sacaron del calabozo al padre de familia, le golpearon y le pusieron una pistola en la cabeza. La víctima se descompuso de miedo y defecó. Los agentes le obligaron a recoger sus excrementos con las manos. Después, desnudaron a tres niños de entre 11 y 15 años y golpearon al mayor reiteradamente.

La detención tuvo lugar en la Puerta del Sol, en la madrugada del 1 de enero de 1990, donde se encontraban las víctimas, en total seis, cuatro de ellas menores de edad en aquellas fechas. Tras un incidente entre unos músicos callejeros y empleados de la limpieza, una dotación del Cuerpo Nacional de Policía detuvo a toda la familia -cuatro varones y dos mujeres- pensando que habían agredido a los músicos. También fue trasladado a comisaría un ciudadano de 34 años quien, según la sentencia, se encontraba paseando por el lugar, vio la intervención policial y "estando en completo desacuerdo con la forma en que se desarrolló, decidió no dejar solos a los detenidos, a quienes no conocía en absoluto".Cuando llegaron a la comisaría, uno de los agentes, Pedro Álvarez Arjona, creyó que durante la detención le habían robado el reloj y recabó la ayuda de Florencio Velarde para cachear a los detenidos.

Los dos agentes se dirigieron al calabozo, donde se encontraban el padre de familia y tres chicos, uno de ellos de 11 años. Sacaron al padre y en un rincón cercano le insultaron, le exigieron que les entregara el reloj, lo desnudaron por completo, le pusieron una pistola en la cabeza, y le golpearon reiteradamente.

La víctima, según la sentencia, se descompuso de miedo y defecó. Los dos policías le obligaron a recoger con sus manos los excrementos, también sacaron del calabozo a los tres menores, los desnudaron íntegramente, les amedrentaron y golpearon reiteradamente a uno de ellos, de 15 años. El niño precisó de diez días para recuperarse de erosiones en un pie y dolor contusivo en un costado.

Con respecto a las detenciones, el tribunal considera que "está fuera de toda duda" que los policías acusados no vieron personalmente enfrentamiento alguno y no recibieron indicación precisa alguna por parte de los empleados de la limpieza respecto de quiénes fueron los autores de lo ocurrido.

"Detienen indiscriminadamente a todas las personas de etnia gitana, incluidos cuatro menores de 18 años, uno de ellos de 11, al margen de cualquier indagación mínima y por tanto, de cualquier motivación legal", precisa la sentencia. En contra de la ley de la libertad personal como valor constitucional", precisa la sentencia.

En lo referente a las torturas, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Alonso, afirma: "Mediante un registro humillante, amenazas, insultos y la realización de una agresión sistemática, con golpes que produjeron el quebranto de la integridad física de los detenidos, no hay duda de que fueron sometidos a condiciones que les intimidaron y violentaron su voluntad, con desprecio absoluto de sus derechos y fuera de cualquier proporcionalidad".

Daños morales

El tribunal condena a los dos principales implicados, Arjona y Velarde, a cuatro meses de arresto y siete años de inhabilitación especial por el delito de torturas y a un mes de arresto por cada una de las dos faltas de lesiones. Asimismo, deberán indemnizar, en concepto de daños morales con un total de dos millones de pesetas al padre y al menor golpeados.

En este punto, la sentencia entiende acreditados "daños morales subsiguientes a la privación ilegal de la libertad, valor constitucional de rango supremo". "Por igual motivo es indemnizable el sufrimiento padecido por los detenidos que fueron amenazados, desnudados y agredidos, en proporción al sufrimiento de cada uno, teniendo en cuenta los malos tratos y la edad de los interesados". El tribunal ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado respecto del pago de estas indemnizaciones.

Otro de los policías implicados deberá cumplir dos meses de arresto, también por un delito de torturas, ya que vio a sus compañeros golpear a los cíngaros y no hizo nada por evitarlo.

Tres agentes más han sido suspendidos durante seis años, uno por cada uno de los seis delitos de detención ilegal. Deberán indemnizar con 200.000 pesetas a cada uno de los seis miembros de la familia detenida.

También ha sido condenado por un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación especial el responsable de la comisaría esa noche, Antonio Gutiérrez Hisado, quien ordenó la puesta en libertad de los detenidos para esconder las agresiones y evitar que trascendieran a las autoridades judiciales.