Ruiz-Gallardón reconoce la discriminación laboral y sanitaria de los inmigrantes

Madrid - 19 feb 1999 - 00:00CET

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, reconoció ayer que los inmigrantes que viven en Madrid "sufren discriminación laboral por su condición de extranjeros". Denunció también que estos trabajadores "tienen dificultades de acceso a la vivienda, una muy insuficiente alternativa de alojamiento y padecen problemas de chabolismo". Admitió, asimismo, que existe "una falta de cobertura sanitaria de atención primaria a la población inmigrante en situación irregular". Todas estas denuncias, planteadas por el mandatario autonómico al presentar el Plan Regional de la Inmigración, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y pendiente de votación parlamentaria, han sido formuladas a menudo por las asociaciones de inmigrantes y las ONG.Javier López, representante de asuntos sociales de UGT, insistió en la idea de la discriminación laboral. "En la región hay unos 3.000 inmigrantes que trabajan sin contrato en la construcción", aseguró. "También nos han llegado casos de trabajadores extranjeros contratados a los que se les paga por debajo del convenio del sector; eso sucede no sólo en la construcción sino también en la hostelería y en el servicio doméstico", matizó.

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Un poblado a la espera

López coincide con el análisis de la situación elaborado por el presidente regional. Pero duda de que el Plan de Inmigración elaborado por el ejecutivo del PP que él preside ofrezca soluciones a los problemas. "El plan hace referencia a todo lo que ocurre, pero no dice nada sobre cómo va a solucionarlo y, lo que es más grave, carece de dotación presupuestaria", aseguró.

Ruiz-Gallardón explicó que no se ha presupuestado el plan porque considera que establecer partidas específicas para el colectivo inmigrante en las diferentes consejerías sería una "actitud discriminatoria". Afirmó que el objetivo es integrar a los trabajadores extranjeros en todos los programas y actuaciones dependientes del Gobierno regional.

Ese argumento no convence a UGT. "Es una forma de escudarse ante la escasez de presupuesto en temas sociales donde la tarta es pequeña y se reparte como se puede", añadió López.

A la Asociación Pro Derechos Humanos le parece bien que no se destinen partidas específicas para atender a los inmigrantes. "Pero lo que tendrán que decirnos es en cuánto van a ampliar los presupuestos dedicados a temas sociales, porque lo que no nos vamos a creer es que con el mismo dinero se pueda atender a más personas", señala este colectivo. "La situación que denuncia Ruiz-Gallardón se debe a los límites que marca la ley estatal de extranjería pero también a la falta de políticas sociales de su Gobierno", concluye.

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PASA A LA PÁGINA 3

La oposición acusa al presidente regional de hacer "política de imagen" con la inmigración

VIENE DE LA PÁGINA 1La diputada regional del PSOE Eulalia García Sánchez acusa a Ruiz-Gallardón de hacer "política de imagen" con los temas de la inmigración. "Hace unos discursos muy bonitos y parece que dice muchas cosas, pero son palabras huecas", afirma. Y pone como ejemplo que el Plan Regional de Inmigración debería haberse aprobado ya en 1996. "Nos lo han anunciado en muchas ocasiones, pero cada vez que lo hemos solicitado para verlo nos han dado largas", añade García Sánchez. Virginia Díaz, parlamentaria regional de IU, califica de "electoralismo barato" que la Comunidad apruebe ahora "deprisa y corriendo" un plan que debía estar ya en marcha. "Ruiz-Gallardón denuncia los problemas de los inmigrantes, cuando a lo largo de estos años ha estado cerrando los ojos a su existencia", añade.

"Han decidido que en los centros de salud regionales no se cobre a los inmigrantes sin cartilla, pero la medida no se ha divulgado entre los sanitarios y, además, siguen subvencionando a Médicos del Mundo y Karibu para que desempeñen ese cometido, con lo que parece poco clara su voluntad de abrir a los irregulares la sanidad pública", concluye Díaz.

"Subirse al carro"

A Paloma López, responsable del área social de CC OO, le parece bien que el presidente regional reconozca "problemas que venimos denunciando desde hace años". "Pero en realidad lo que ha hecho es apuntarse al carro en un momento en que se critican las deficiencias de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y las penurias del campamento de rumanos de Fuencarral", matiza. "Somos muy escépticos sobre la operatividad de sus proyectos cuando no se dotan de presupuestos", concluye. En temas laborales, el plan habla de fomentar el autoempleo, de crear empresas de inserción (sin ánimo de lucro e integradas por colectivos marginados) y de promover la formación de los inmigrantes. El objetivo es "potenciar el acceso al empleo de los inmigrantes extranjeros en igualdad de oportunidades y condiciones con los trabajadores autóctonos". No especifica si se refiere a inmigrantes en situación irregular o con permiso de residencia. El capítulo dedicado a vivienda es más explícito e indica que para acceder a los pisos sociales de la Comunidad "es necesario ser residente legal; es decir, con permiso de residencia".

El texto plantea también como un objetivo la erradicación de los núcleos chabolistas de inmigrantes donde una buena parte de los habitantes son irregulares y, por tanto, imposibles de realojar en vivienda pública, según el propio plan. En asuntos de salud se pretende "establecer mecanismos para que cualquier inmigrante pueda disponer de asistencia sanitaria, quedando exonerados del pago por la prestación de cualquier servicio en los centros dependientes de la Comunidad, aquellos que no estén cubiertos por la Seguridad Social". Otro de los propósitos es facilitar ayudas para la obtención de medicamentos.

En Madrid viven 115.983 inmigrantes con permiso de residencia, incluidos los de países ricos. Eso supone un 2,3% de los habitantes de la región. En el plan no se incluye ningún cálculo sobre el número de extranjeros indocumentados que habitan en la Comunidad.