Ruiz-Gallardón reconoce la discriminación laboral y sanitaria de los inmigrantes

VIENE DE LA PÁGINA 1La diputada regional del PSOE Eulalia García Sánchez acusa a Ruiz-Gallardón de hacer "política de imagen" con los temas de la inmigración. "Hace unos discursos muy bonitos y parece que dice muchas cosas, pero son palabras huecas", afirma. Y pone como ejemplo que el Plan Regional de Inmigración debería haberse aprobado ya en 1996. "Nos lo han anunciado en muchas ocasiones, pero cada vez que lo hemos solicitado para verlo nos han dado largas", añade García Sánchez. Virginia Díaz, parlamentaria regional de IU, califica de "electoralismo barato" que la Comunidad apruebe ahora "deprisa y corriendo" un plan que debía estar ya en marcha. "Ruiz-Gallardón denuncia los problemas de los inmigrantes, cuando a lo largo de estos años ha estado cerrando los ojos a su existencia", añade.

"Han decidido que en los centros de salud regionales no se cobre a los inmigrantes sin cartilla, pero la medida no se ha divulgado entre los sanitarios y, además, siguen subvencionando a Médicos del Mundo y Karibu para que desempeñen ese cometido, con lo que parece poco clara su voluntad de abrir a los irregulares la sanidad pública", concluye Díaz.

"Subirse al carro"

A Paloma López, responsable del área social de CC OO, le parece bien que el presidente regional reconozca "problemas que venimos denunciando desde hace años". "Pero en realidad lo que ha hecho es apuntarse al carro en un momento en que se critican las deficiencias de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y las penurias del campamento de rumanos de Fuencarral", matiza. "Somos muy escépticos sobre la operatividad de sus proyectos cuando no se dotan de presupuestos", concluye. En temas laborales, el plan habla de fomentar el autoempleo, de crear empresas de inserción (sin ánimo de lucro e integradas por colectivos marginados) y de promover la formación de los inmigrantes. El objetivo es "potenciar el acceso al empleo de los inmigrantes extranjeros en igualdad de oportunidades y condiciones con los trabajadores autóctonos". No especifica si se refiere a inmigrantes en situación irregular o con permiso de residencia. El capítulo dedicado a vivienda es más explícito e indica que para acceder a los pisos sociales de la Comunidad "es necesario ser residente legal; es decir, con permiso de residencia".

El texto plantea también como un objetivo la erradicación de los núcleos chabolistas de inmigrantes donde una buena parte de los habitantes son irregulares y, por tanto, imposibles de realojar en vivienda pública, según el propio plan. En asuntos de salud se pretende "establecer mecanismos para que cualquier inmigrante pueda disponer de asistencia sanitaria, quedando exonerados del pago por la prestación de cualquier servicio en los centros dependientes de la Comunidad, aquellos que no estén cubiertos por la Seguridad Social". Otro de los propósitos es facilitar ayudas para la obtención de medicamentos.

En Madrid viven 115.983 inmigrantes con permiso de residencia, incluidos los de países ricos. Eso supone un 2,3% de los habitantes de la región. En el plan no se incluye ningún cálculo sobre el número de extranjeros indocumentados que habitan en la Comunidad.