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Condena a Londres por no dejar votar en las europeas a una mujer gibraltareña

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, condenó ayer, por 15 votos a dos, al Reino Unido por privar a una residente en Gibraltar de su derecho a participar en las elecciones del Parlamento Europeo. Según la sentencia, el Reino Unido deberá reparar a la demandante con 10 millones de pesetas.

Denise Matthews, una residente en Gibraltar de 23 años de edad, solicitó en abril de 1994 su inscripción en las listas a fin de participar en las elecciones para el Parlamento Europeo. La respuesta que obtuvo fue que Gibraltar no entraba en el campo de aplicación del derecho de sufragio para elegir a los representantes en la Cámara de Estrasburgo.Ante ello, Matthews demandó al Reino Unido. Alegó que la no organización de los comicios para el citado Parlamento en el Peñón violaba su derecho a intervenir "en elecciones libres, por escrutinio secreto", reconocido por el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

También consideraba violado el derecho a la igualdad, ya que, por el hecho de residir en Gibraltar, resultaba discriminada respecto a los restantes ciudadanos de la Unión Europea.

El Tribunal, presidido por el suizo Luzius Wildhaber, estima que el Reino Unido debe reconocer el derecho a participar en Gibraltar tanto en "las elecciones puramente internas como en las europeas". Es la primera vez que resuelve un asunto como éste.

La sentencia declara que Matthews "se ha visto privada de toda posibilidad de expresar su opinión en la elección del Parlamento Europeo", lo cual implica, razona, "un atentado a la esencia misma del derecho de voto".

El fallo condena al Reino Unido a indemnizar a Matthews con 45.000 libras esterlinas (casi diez millones de pesetas), como reparación.

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El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, interpretó ayer que esta sentencia permitirá votar a los gibraltareños en las elecciones europeas, aunque para ello será preciso un cambio de la normativa electoral de la UE.

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