Alianzas intransitivas

Las visitas cursadas durante la última semana por el presidente del Gobierno vasco y el presidente del PNV al presidente de la Generalitat dieron pie para suponer que Juan José Ibarretxe y Xabier Arzalluz habían solicitado los buenos oficios de Jordi Pujol a fin de superar sus desencuentros con el presidente Aznar y despejar así las dificultades por las que parece estar atravesando últimamente el proceso de normalización democrática en el País Vasco. Según esa conjetura, el orden del día de la reunión ayer celebrada en el Palacio de la Moncloa debería haber incluido entre los asuntos a tratar no sólo el calendario electoral y la negociación de los presupuestos del Estado para el año 2000 sino también la situación creada -para Euskadi y para el resto de España- por la firma del Pacto de Estella y el alto el fuego indefinido declarado por ETA el pasado mes de septiembre. En la rueda posterior a la entrevista, el presidente de la Generalitat negó, sin embargo, haber recibido el encargo de ejercer como moderador entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria.En cualquier caso, la estrategia de dobles alianzas de CiU dentro de las Cortes Generales, que le lleva a pactar alternativamente con el PP los asuntos de política general y con el PNV y el BNG las cuestiones de política autonómica, difícilmente hubiese podido servirle a Pujol como credencial para esa supuesta tarea de mediación. A partir de la investidura presidencial de Aznar en mayo de 1996, los 16 escaños de CiU han dado su respaldo a los 156 diputados en el Congreso, salvo discrepancias esporádicas como la ley del fútbol o la enseñanza de las humanidades. El entendimiento entre los populares y los nacionalistas catalanes no nace de hipotéticas afinidades centristas sino del principio estratégico que ha guiado desde 1977 el comportamiento parlamentario de CiU y que benefició anteriormente a UCD y PSOE: la voluntad de garantizar la gobernabilidad del sistema constitucional si el ganador de las elecciones no logra la mayoría absoluta. Los nacionalistas catalanes han ayudado durante estos años a que UCD, el PSOE o el PP obtengan y conserven el poder, intercambiando sus votos contra la satisfacción de reivindicaciones competenciales y presupuestarias: la experiencia ha demostrado que el interés y la conveniencia pueden cimentar bastante más firmemente que las pasiones ideológicas la estabilidad y la duración de los matrimonios políticos.

Junto a ese pacto parlamentario con el PP renovable anualmente en el Congreso, CiU ha formalizado con el PNV y con el BNG una segunda alianza, operativa igualmente en el seno de las Cortes generales. Las declaraciones conjuntas de Barcelona, Vitoria y Santiago, aprobadas en julio, septiembre y octubre de 1998, anuncian el propósito de construir un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe sobre los escombros del Estado de las Autonomías: el reconocimiento jurídico-político de Cataluña, el País Vasco y Galicia como naciones plenamemente diferenciadas de las restantes comunidades, residualmente integradas dentro de España, es el objetivo último de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. Las discrepancias entre los tres socios versan exclusivamente sobre el ritmo político (lento o acelerado), el procedimiento jurídico (reforma o relectura de la Constitución) y la justificación retórica (moderada o radical) de su empresa común.

El máximo órgano directivo de la trilateral, reunido el pasado viernes en Barcelona, acordó bajar el diapasón de su propaganda hasta que el calendario electoral programado para los próximos meses llegue a su fin. En cualquier caso, la tarea de mediar entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria hubiese podido llevar a Pujol al borde de la esquizofrenia: su política de dobles pactos con el PP, por un lado, y con el PNV y BNG, por otro, está movida por objetivos programáticos acerca de la configuración de la estructura estatal española evidentemente inconciliables. Y el doble juego de alianzas de CiU consolidaría su carácter intransitivo si el PNV, socio político de conveniencia de los populares en el Congreso y hermanado ideológicamente con los nacionalistas catalanes en el Pacto de Barcelona, confirmase sus acuerdos de Estella con EH (brazo político de un nacionalismo radical que continúa realizando sus prácticas de violencia callejera, extorsiones y amenazas) mediante un pacto de legislatura en el Parlamento de Vitoria.