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La izquierda se niega a que las empresas financien a los partidos a través de fundaciones

Anabel Díez

La ley de financiación de los partidos no saldrá adelante en esta legislatura. O, al menos, así parece. El PP, que desea consensuarla con el PSOE, ha decidido congelar el texto que pactó con los nacionalistas. Como IU, los socialistas se niegan a que se permita a las empresas dar dinero sin límite alguno tanto a las formaciones en sí mismas como a las fundaciones dependientes de ellas. La tesis de la izquierda es que con la ley "de las derechas" la política pasaría a estar libre de todo control. A su vez, el ponente popular, Jaime Ignacio del Burgo, acusa de "inflexibilidad" a la oposición.

El texto de la ponencia sobre la financiación de los partidos lleva 13 meses en un cajón. Al día siguiente de ser aprobado, sus signatarios -el PP y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios- podrían haber seguido los pasos habituales: continuar el trabajo en comisión y en el pleno del Congreso para pasar finalmente al Senado. Pero los populares lo han parado o "bloqueado", como dicen el PSOE e IU, porque "no quieren pasar el bochorno de aprobar una ley así en contra de la izquierda". El PP reconoce no estar dispuesto a arrostrar el coste de la crítica del PSOE en una ley de tanta sensibilidad para los ciudadanos y cuyo objeto es regular el dinero que va a los partidos. "Podríamos haber hecho uso de nuestra mayoría con los nacionalistas para sacarla, pero no queremos hacerlo sin consensuarla con el PSOE", advierte el ponente popular, Jaime Ignacio del Burgo, que reprocha a los socialistas su "inflexibilidad" al no aceptar la financiación empresarial, el meollo de la discrepancia.

Por su parte, los socialistas exponen hasta siete puntos relacionados con las aportaciones privadas por los que no está dispuesto a dar el sí a esta proposición de ley, surgida a iniciativa de todos los grupos, no del Gobierno. Aunque el PP convenció al PNV y a CiU de que desistieran de fijar cantidades anónimas -en torno a las 500.000 pesetas (3.005 euros)- y, por tanto, sin ningún control, no ha sido suficiente. El PSOE e IU rechazan la financiación empresarial.

El borrador recoge que, aparte la financiación fundamental, la de los Presupuestos Generales del Estado, los partidos pueden recibir aportaciones nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas. Las anuales de una sola no puede pasar de 25 millones (150.253 euros). Simplemente con esto el PSOE e IU ya tienen suficiente para oponerse.

Pero la situación se encona cuando aparecen las fundaciones. "Los partidos (...), o sus afiliados, pueden crear fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades vinculadas al partido", se dice en el artículo 5. Los discrepantes suben entonces nuevamente la vista al 3, el de los 25 millones anuales: "Este límite no será aplicable a las aportaciones procedentes de las fundaciones de los partidos".

Además, se deja abierta la puerta a las aportaciones extranjeras privadas y al anonimato absoluto para las donaciones inferiores a 50.000 pesetas (300 euros).

"La política deja de estar sometida a control porque las donaciones más jugosas van a ir directamente a las fundaciones", advierte el portavoz socialista Francisco Fernández Marugán.

Del Burgo atribuye esta postura a que, cuando se empezó a discutir el texto, "el PSOE estaba en los juicios por su financiación ilegal y con compañeros en la cárcel".

La dirección del PSOE asegura que su no a la financiación empresarial "no es táctico", sino pensado, creído y asumido. "Nos pusieron una vez colorados, pero no queremos que ciento amarillos", explica Marugán.

Las privatizaciones de las empresas públicas han acrecentado sus reticencias. "Al PP irán aportaciones de la clase empresarial creada con el proceso privatizador", enfatiza Marugán. "¿Quiénes son los presidentes de esas empresas que ahora pertenecen al sector privado? Los amigos del PP", indica antes de remachar: "Ya hay personas jurídicas vinculadas al PP".

En IU, mientras tanto, la negativa es igualmente radical. Su diputado Mariano Santiso ironiza para zanjar la cuestión: "¿Qué empresarios van a querer dar dinero a IU? Seguro que hay cola".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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