El TSJA suspende la aplicación de las 35 horas para los funcionarios del Ayuntamiento de Motril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emulado a su homólogo en Cataluña y ha suspendido un acuerdo alcanzado el 12 de junio de 1998 por el pleno del Ayuntamiento de Motril (Granada), que aprobaba, entre otras medidas, la semana laboral de 35 horas para sus funcionarios. El Tribunal tiene pendientes al menos otras siete impugnaciones promovidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía. El Ejecutivo estima que estos acuerdos municipales vulneran la jornada laboral establecida para los funcionarios de la Administración Local.

El abogado del Estado explica, en los motivos de su recurso (el pasado 30 de octubre) ante el TSJA, que el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Motril (PSOE-IU), aplica "una jornada distinta de la establecida legalmente", al aprobar las 35 horas semanales para sus funcionarios. Y solicita su suspensión "en razón a los perjuicios irreparables que ha de originar". El TSJA, como hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de nueve corporaciones barcelonesas (ver EL PAÍS del 5 de febrero) atendió la petición del abogado del Estado -que dice actuar "por orden" del Delegado del Gobierno de Andalucía-, y decidió, el pasado 25 de enero, la suspensión del acuerdo plenario de Motril mientras se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Ambos tribunales se han amparado en el artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local que señala que la jornada laboral de los funcionarios locales será la indicada para la Administración civil del Estado. Una instrucción del Ministerio de Administraciones Públicas de 1995 establece que la jornada debe ser igual para los funcionarios del Estado: 37,5 horas a la semana como media anual. La Delegación del Gobierno de Andalucía ha pedido, en el último año, a una veintena de ayuntamientos la anulación de acuerdos plenarios que modificaban las condiciones de trabajo del personal funcionario. En ocho casos las corporaciones municipales desatendieron el requerimiento de la Delegación, que impugnó estos acuerdos y reclamó su suspensión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. Hasta ahora sólo ha decidido suspender el acuerdo de Motril. "Es un ataque absurdo a la autonomía municipal", aseguró ayer Luis Manuel Rubiales, alcalde de Motril (PSOE), quien reclamó al Gobierno central y al Partido Popular "una solución política, no judicial, a una demanda social". Rubiales indicó que el Ayuntamiento acatará, "como no podía ser de otro modo", la decisión judicial y no recurrirá la suspensión. El alcalde de Motril resaltó que, con la suspensión del acuerdo, los funcionarios tendrán que trabajar más horas que el personal laboral contratado, cuyo convenio, que también incorpora la jornada de 35 horas "no ha sido recurrido en absoluto". Rubiales defendió la reducción de jornada y las ayudas sociales a los funcionarios "para evitar la precarización y crear empleo". Según las cifras del Ayuntamiento, en cuatro años, el consistorio ha incorporado 104 funcionarios (de 183 a 287) y ha mantenido el personal laboral contratado alrededor de las 220 personas. "Tendremos que reestructurar nuestros servicios, lo que posiblemente afectará a los contratos temporales" . Ayudas sociales La decisión del TSJA no sólo afecta a la reducción de la jornada laboral. La Delegación del Gobierno impugnó otros artículos del acuerdo del 12 de junio del Ayuntamiento de Motril. Se opuso a la pretensión del consistorio de transformar personal laboral en funcionario vía concurso por "ir en perjuicio de los legítimos derechos de otros aspirantes". El Tribunal también suspende, a petición del Gobierno, permisos especiales a los funcionarios por enfermedad grave de parientes, traslado o matrimonio y otras ayudas sociales como la cofinanciación de pólizas de seguros. "El PP, en vez de trasladar la buena coyuntura económica a los trabajadores, da esta respuesta", se lamentó el alcalde de Motril. Las impugnaciones del Gobierno aumentarán en los próximos meses, según fuentes de la Delegación, que precisaron que este organismo "actúa de oficio". Por lo pronto, los recursos atañen también a acuerdos de corporaciones gobernadas por los populares , como el Ayuntamiento de Málaga o la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.