La juez archiva 4 querellas contra el gobierno de Jesús Gil por delitos urbanísticos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha archivado cuatro querellas contra el gobierno municipal de Jesús Gil en las que la Plataforma Ciudadana denunció supuestos delitos contra la ordenación del territorio al conceder licencias de obras en zonas públicas o con mayor edificabilidad de la permitida. La juez Pilar Ramírez siguió la petición del fiscal que entiende que las licencias de estas obras son anteriores a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que sanciona estas infracciones.Los archivos afectan a una parcela destinada a colegio en la que hoy existen una estación de autobuses, un hotel y una gasolinera; a la construcción de las viviendas sociales de El Ángel, en una zona de equipamiento comunitario; al exceso de edificabilidad en dos plantas del edificio Marina, y a las obras de varios bloques de siete plantas donde sólo se autorizan tres alturas.

El colectivo ciudadano que presentó estas querellas anunció ayer que recurrirá su archivo ante la Audiencia Provincial al considerar que "el Ministerio Fiscal no ejerce el cumplimiento de la ley al no investigar presuntas corrupciones administrativas". La portavoz de la Plataforma, Inmaculada Gálvez, indicó que también se pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Los denunciantes recuerdan que la propia Junta de Andalucía denegó la recalificación urbanística de los terrenos destinados a equipamiento escolar y que finalmente fueron ocupados por una estación de autobuses, un hotel y una gasolinera. "No se ha investigado", afirma Gálvez para señalar que el delito contra la ordenación del territorio "estaba vigente cuando se realizaban estas obras".

Los juzgados de Marbella tramitan medio centenar de denuncias contra el gobierno de Gil por conceder licencias de obras en zonas públicas o autorizar excesos de edificabilidad contrarios al vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento marbellí concedió estos permisos amparados en la legalidad de la revisión del plan, revisión vetada por la Junta de Andalucía.