La acusada de estafar a empresarios con la excusa de la lucha anti-ETA culpa a su exjefe

La exfuncionaria de la Delegación del Gobierno en Navarra María José Rubio, juzgada en Pamplona por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y fraude, aseguró ayer, en la primera jornada del juicio oral del caso, que actuó siempre bajo las órdenes del también acusado Mariano Berduque, exsecretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra durante veinte años. Éste, según declaró, le aseguraba que recibía instrucciones que venían "del Ministerio del Interior, en Madrid". Rubio y Berduque están acusados de la presunta estafa de unos mil millones de pesetas a seis empresarios de esta comunidad, a los que pedían dinero bajo la excusa de contribuir a la lucha contra ETA. Rubio, de 41 años y natural de San Sebastián, reiteró que ella participó en todos los cobros y devoluciones por orden de Mariano Berduque.Rubio reconoció que cobraba una comisión por ese trabajo y aseguró que el ex secretario general de la Delegación también la cobraba. Añadió que fue él quien le informó de que se necesitaba dinero para la lucha antiterrorista, ya que los fondos reservados procedentes del Ministerio del Interior tardaban en llegar a la cuenta específica que existía en el Banco de España, en Pamplona, y quien le pidió que acudiese a empresarios "discretos" para proponerles que les adelantaran dinero que después devolvían con grandes intereses.

La exfuncionaria fue interrogada durante más de tres horas por el fiscal, la abogada del Estado y las acusaciones particulares de dos de los empresarios estafados, Leovigildo Villaverde y Luciano Torres. A ambos se les dejó de devolver, según sus letrados, cantidades que superaban los cien millones en cada caso. Fue su denuncia la que permitió iniciar las actuaciones.

Conjunto de irregularidades

Rubio insistió en que sólo despachó con Berduque y que nunca supo adónde iban tan elevadas entregas de dinero. La exfuncionaria dibujó un panorama completo de irregularidades e ilegalidades en el desarrollo diario de la Delegación del Gobierno en Navarra, con una cuenta de protocolo cuya utilización ilegal ya fue objeto de juicio y condena a los exdelegados Luis Roldán y Jesús García Villoslada y al exsecretario personal de ambos, Jesús Galbete, así como con la falsificación "habitual" de facturas de empresas proveedoras para justificar múltiples gastos inexistentes en servicios, obras de reforma y otros conceptos. La acusada no supo explicar cómo era posible que tantos empresarios se fiaran de una simple cajera y entregaran cuantías millonarias para un fin desconocido y sin mayores garantías a cambio que una serie de documentos irregulares y cheques del Banco de España. Según Rubio, los estafados "rompían" estos cheques del Banco de España cuando se les devolvía el dinero en metálico.