Productores y comerciantes de Andorra quieren frenar la ley sobre el contrabando

Los comerciantes, fabricantes y recolectores de tabaco están en pie de guerra contra las leyes antifraude por contrabando de tabaco que está preparando el Gobierno andorrano. Los agricultores temen que la nueva legislación acabe con un sector que ha contribuido al crecimiento económico del país. Los fabricantes consideran la ley excesiva y descabellada y los comerciantes, que han visto cómo los proyectos de ley recortaban las posibilidades de vender más de 10 cartones con total libertad, han iniciado los primeros pasos para que la ley no llegue a tramitarse en el Parlamento andorrano. Ante la alarma social que ha provocado esta futura legislación, el jefe de Gobierno, Marc Forné, ha declarado que se ha realizado un "documento maximalista" que recoge los puntos más restrictivos de la ley, y ha anunciado que se trabajará para rebajarlos. El anuncio no ha servido para acallar las voces de la industria y del sector primario. Los agricultores consideran que la nueva legislación es coercitiva e intervencionista, y que tiene la finalidad directa de someter a un estricto control policial toda la actividad relacionada con el sector del tabaco y sus operadores. El proyecto de ley prevé que ante la aprehensión de un alijo en el interior del país valorado en más de un millón de pesetas se puedan imponer penas de hasta dos años de prisión. El anteproyecto también establece un control y una regulación de la actividad del comercio del tabaco (importación y exportación a gran escala) y la imposición de un sistema de control de contabilidades y de facturaciones de manera que pueda ser regulada la posesión y la circulación del producto. También se regularán las ventas al por menor, identificando a los compradores que van a las tiendas y expidiendo comprobantes. Los propietarios y gerentes de las siete grandes fábricas e importadores de tabaco de Andorra han sido los primeros en dar la voz de alarma. Josep Pintat, ex jefe de Gobierno y persona vinculada al sector, ha afirmado que algunos artículos de la ley son propios de un Estado policial y considera que no es necesaria la contundencia que se quiere aplicar a la filosofía de la ley. Han coincidido con él todos los empresarios del sector, que a lo largo de este fin de semana se han reunido para definir una estrategia. También los agricultores han empezado a moverse. Las dos partes tienen que renovar el contrato por el que los fabricantes comprarán la cosecha andorrana de tabaco de este año.