Pinto Fontán confiesa ahora que es el dueño de la promotora acusada de estafa en Aravaca

José Luis Pinto Fontán (promotor de fallidos proyectos inmobiliarios con numerosos perjudicados) se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de falsedad y estafa en relación con la urbanización Las Terrazas de Aravaca (las 450 viviendas de lujo que dejó empantanadas a comienzos de 1991). Lo más sorprendente de su declaración fue que se retractó de sus testimonios anteriores y reconoció que es "el accionista mayoritario" de Aravaca-Somosaguas, promotora de las citadas viviendas. Antes lo había negado.

De hecho, si ayer se sentó en el banquillo es porque durante la instrucción del sumario, uno de sus supuestos testaferros, Carlos García Yanes, desbarató su estrategia y reveló que, aunque él figurase como principal responsable de la promotora, el auténtico dueño era Pinto Fontán. Junto a Pinto Fontán también ocupan el banquillo de los acusados el ex director regional de La Caixa Francisco Casals; los arquitectos Juan Mínguez y Carlos Pinillas, y Carlos García Yanes y Anastasio Losada, ambos colaboradores de Pinto Fontán. Los abogados de los 16 damnificados atribuyen a los inculpados delitos de estafa y falsedad, y piden condenas para ellos que oscilan entre los 8 y los 20 años de cárcel. El fiscal, en cambio, considera que no han cometido ningún delito y reclama que sean absueltos. "Somos muchos más de 16 los afectados por este señor, aunque el paso a la vía judicial sólo lo dimos 16", señaló ayer Celedonio Martín, quien recordó su calvario: "Invertimos nuestros ahorros en una urbanización de lujo que a la postre se ha convertido en una hecatombe".

Modificación unilateral

Los abogados de la acusación particular sostienen que Pinto Fontán convino con La Caixa modificar al alza, en perjuicio de los compradores, las condiciones económicas de los créditos hipotecarios en los que debían subrogarse éstos una vez terminadas las casas. Añaden que esa modificación unilateral de los créditos hipotecarios se hizo sin que los compradores, como era preceptivo, lo autorizasen, y que gracias a ello Pinto Fontán recibió de La Caixa un dinero -164 millones de pesetas- que sólo podía ser entregado una vez finalizadas las obras. Ese dinero era la garantía que tenían los compradores para asegurar que sus viviendas les serían entregadas totalmente acabadas y en la fecha prevista. Lo cierto es que La Caixa libró esos 164 millones antes de que las viviendas estuviesen terminadas. Faltaba el garaje, la piscina, los jardines y los accesos a la urbanización, según afirmaron ayer los abogados de los afectados.

En la primera sesión del juicio declaró, además de Pinto Fontán, el ex director regional de La Caixa Francisco Casals. Ambos coincidieron al afirmar que la modificación de la escritura hipotecaria se hizo cuando la obra ya estaba prácticamente finalizada y era necesario liberar más dinero para concluir todos los trabajos y entregar los pisos a los compradores. Casals subrayó que la promotora atravesaba problemas económicos y que decidió entregar los 164 millones tras recibir la certificación final de obras. Y que lo hizo así para que la promoción no se quedase estancada y los compradores accedieran a sus casas. La tesis del abogado de Casals es que la modificación de la escritura que formalizaron Pinto y La Caixa constituye un contrato que sólo les obligaba a ellos dos, pero no a terceros, en alusión a los compradores. Según este letrado, la finalidad de la cláusula que excluye una modificación de las escrituras sin permiso de los compradores persigue evitar que las constructoras asuman los créditos sin acabar las casas.

El juicio que se inició ayer contra Pinto Fontán (apellidado hoy Gómez Pinto) durará dos semanas. Este promotor se hizo tristemente famoso en la época del desarrollismo español tras dejar sin construir varios miles de pisos y un reguero de deudas de la urbanización Nuevo Versalles, en Fuenlabrada. La Comunidad de Madrid tuvo que soportar años después el coste del derribo por voladura de los 19 edificios que ilegalmente levantó en Nuevo Versalles.

Este caso le costó el cargo parlamentario años después a quien entonces era su abogado, José María Mohedano, tras descubrirse que el diputado socialista conducía habitualmente un Jaguar propiedad de Pinto Fontán, granadino de 58 años. Pinto Fontán no tuvo que dar cuenta ante la justicia por el asunto de Nuevo Versalles, aunque sí lo hace ahora por las Terrazas de Aravaca.