Justicia, política, sociedad

Un día sí y otro también, la justicia sigue estando en el centro de la polémica. En las últimas fechas, dos decisiones judiciales acerca de cuestiones completamente dispares han provocado gran atención mediática y ciudadana. Ante la perplejidad de la opinión pública, se conoció una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que negaba la agravante de ensañamiento en un caso de asesinato en el que el cuerpo de la víctima presentaba 70 puñaladas. La Audiencia Nacional, por su parte, ha denegado a Josu Ternera el permiso para asistir a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, provocando gran división de opiniones. Tengo para mí que ambas decisiones se ajustan perfectamente a derecho. Aunque, a simple vista, la primera me pueda parecer que atenta al sentido común y la segunda que políticamente es discutible. Para situar estas divergencias entre justicia y opinión creo que se debe partir de dos argumentos, aunque puedan parecer contradictorios. Primero: impartir justicia no se puede hacer en función de los impulsos emocionales de la opinión pública. La función del juez es aplicar las leyes con todas las garantías y ello puede chocar muchas veces con la sensibilidad ciudadana. Si la justicia fuera función de las corrientes de opinión, podríamos encontrarnos con las arbitrariedades más absolutas. La justicia no puede hacerse por sufragio universal. Segundo: si hay un desacuerdo demasiado manifiesto y repetido entre justicia y opinión pública, es decir, si la ciudadanía no entiende las razones que la justicia aplica, es que algo falla. Las inercias burocráticas de una justicia lenta y poco abierta a la opinión hacen que la información sea deficiente, pero también cuenta la confusión de papeles que ha cargado a la justicia de sospechas políticas.

Porque parte de la pérdida de prestigio de la justicia tiene que ver con cierta perversión del equilibrio de poderes. El debilitamiento del Parlamento, buscado de modo deliberado por los partidos que se han alternado en el Gobierno, en un proceso destinado a decantar el sistema de poderes del lado del Ejecutivo, ha hecho que la justicia estuviera asumiendo unas funciones de control de los gobernantes que en realidad no le corresponderían sino en última instancia. Ante la inoperancia del Parlamento y la deficiencia de los mecanismos de representación si alguien opera como poder de contrapeso del Ejecutivo es el poder judicial el que encarcela corruptos o frena planes urbanísticos abusivos. Y esto acaba contaminando todas las actuaciones judiciales. Incluso un asesinato por 70 puñaladas acaba generando especulaciones políticas.

Este poder añadido que ha ido asumiendo la justicia desde que el PSOE inventó el principio de que no hay responsabilidades políticas sin condenas judiciales en firme y desde que el PP encontró en la vía judicial el camino definitivo para derrotar a sus adversarios no sólo expresa una indeseable mutación de los equilibrios del sistema de poderes, sino que tiene consecuencias graves para la propia justicia. Porque, en la medida que el eje del conflicto político se desplaza del Parlamento a los juzgados, los partidos políticos se lanzan a la conquista de posiciones y mayorías en los órganos judiciales, con lo cual el zafarrancho es catastrófico. Sólo faltaba que el PSOE después de 13 años de gobernar descalificara la justicia por una sentencia, la del caso Marey, que les fue desfavorable y se comportara como un grupo de agitación extraparlamentaria para que valga absolutamente todo. Si el PSOE la montó en Guadalajara contra el Supremo, ¿por qué el GIL no podrá montar sus albarotos contra el juez Torres o EH contra la Audiencia Nacional? Suma y sigue en el deterioro institucional.

En este marco, resulta complicado explicar que las decisiones judiciales no deben concordar con los buenos sentimientos ni siquiera con el consenso popular. Y es difícil que no se entienda en clave política una decisión como la de impedir que Josu Ternera participe en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.

La falta de sintonía entre justicia y opinión pública ni es un hecho irrelevante ni se puede atribuir sólo a cierto oscurantismo de la justicia. Ocurre en el contexto de una mutación en el sistema de poderes que amenaza con hacernos perder a todos, jueces, ciudadanos y políticos, en la negra noche de la confusión de papeles y responsabilidades.