El acusado de matar a sus ex jefes en Alicante confiesa el crimen

"Sé que lo hice, pero no sé por qué". Con esa frase, pronunciada por el procesado, puede resumirse buena parte del juicio celebrado ayer en la Audiencia de Alicante contra José Antonio Martín Sobrino, acusado de matar a cuchilladas en octubre de 1997 a sus ex patronos, un matrimonio que regentaba una ferretería. La defensa trata de probar que José Antonio actuó fuera de sí.

El abogado del procesado, que ha confesado el crimen, intenta demostrar que en el momento de agredir a las víctimas, Susana Moya, de 63 años, y José Brú, de 80, sufrió una enajenación mental transitoria que le hizo perder el control de sus actos. El matiz es importante para la defensa, pues la pena varía sensiblemente si consigue convencer al jurado de que el crimen fue un homicidio, no un asesinato. Según relató el acusado, el 31 de octubre de 1997 salió de su casa con un cuchillo guardado en un maletín de trabajo con el propósito de "atracar a alguien" para obtener el dinero que los bancos le reclamaban por el impago de varias letras del préstamo de su piso. Cuando llamó a la puerta de sus ex jefes "no tenía intención" de robarles ni atacarles, tan sólo de pedirles dinero; pero no se atrevió y, ya cuando se despedía, sacó el cuchillo y forcejeó en el vestíbulo de la vivienda con la mujer, a la que asestó seis puñaladas. Alertado por los gritos, José Brú salió en auxilio de su mujer, pero recibió un golpe en la cara y varias puñaladas que le causaron la muerte. Luego, el acusado se lavó las manos en la vivienda, cogió las llaves de la ferretería donde había trabajado durante siete años antes de ser despedido y se marchó del piso. De la tienda, emplazada en la planta baja del edificio, cogió unas 13.000 pesetas y se marchó en un taxi a su casa. Antes de acudir al hospital a que le curaran la herida que se produjo en una mano, guardó la ropa ensangrentada en la lavadora, aunque no la conectó. La policía le detuvo pocas horas después. El fiscal considera que es culpable de un delito de robo con violencia y de dos delitos de homicidio, por lo que pide penas que suman 35 años de prisión. Ni el fiscal ni la acusación particular creen que José Antonio tuviera perturbadas sus condiciones mentales en el momento de cometer el crimen. La vista oral continúa hoy con las pruebas periciales que aporta la defensa.