Una promotora reclama 21.600 millones de pesetas a Orihuela por una frustrada recalificación de suelo

La gestión urbanística que desarrolló el ex consejero Luis Fernando Cartagena cuando fue alcalde de Orihuela puede hipotecar el futuro económico del Consistorio. La mercantil Mil Palmeras, una de las promotoras más importantes de La Vega Baja, reclama 21.600 millones de pesetas de indemnización al municipio por los perjuicios ocasionados por la fallida recalificación de terrenos que a finales de los ochenta promovió Cartagena para permitir que se pudiera edificar sobre un gran sector emplazado en primera línea de la costa. El trámite fue anulado por el Consell, y luego invalidado también por el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento de Orihuela aprobó, en julio de 1988, el proyecto de delimitación de suelo urbano de la zona costera, un plan que convertía en edificable el espacio más codiciado del municipio. Por entonces, el ex consejero Luis Fernando Cartagena presidía la Corporación y el hoy alcalde, José Manuel Medina, dirigía la concejalía de Urbanismo. El 19 de julio de 1988, un día antes de que el pleno aprobara la recalificación, la promotora Mil Palmeras, SA, titular de buena parte de ese suelo, presentó en el Ayuntamiento escrituras de cesión de suelo al Consistorio por el aprovechamiento medio, con un aval bancario del Banco de Santander, la misma entidad en la que Luis Fernando Cartagena formalizó, presuntamente, las cesiones de crédito a nombre del empresario ilicitano Francisco Serrano Ibarra. Las fechas en las que el Ayuntamiento comenzó a tramitar el proyecto de delimitación coinciden con la contratación de las cesiones de crédito en el Santander. Con el suelo ya recalificado, Mil Palmeras, SA, comenzó a urbanizar y a transmitir viviendas a terceros que, según la mercantil, fueron inscritas en el registro de la propiedad y disponían de cédula de habitabilidad. Esas edificaciones pagaban, y pagan, impuestos municipales al Ayuntamiento oriolano, pero la Generalitat intervino y anuló el acuerdo plenario, dejando sin efecto la recalificación del suelo afectado. Dos años después, en julio de 1990, Orihuela aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y calificó como urbanizable el suelo que en julio de 1998 había declarado como urbano. Esa modificación tuvo su origen en la impugnación que la Generalitat valenciana, entonces dirigida por el PSPV, formalizó contra el proyecto de delimitación del suelo urbano de la costa. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia valenciano, que resolvió, el 17 de julio de 1992, a favor de la suspensión. El recurso en casación, interpuesto por Mil Palmeras, SA, y otras promotoras afectadas, lo resolvió la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 1997, que dio la razón al Consell y acabó de frustrar la operación. Indemnización El pasado 4 de diciembre de 1998, un año después del fallo del alto tribunal, Mil Palmeras, SA, presentó ante el Ayuntamiento una reclamación de indemnización patrimonial contra la Corporación de Orihuela por importe de 21.600 millones de pesetas. Argumenta la mercantil, representada por Justo Quesada, uno de los mayores promotores de la Vega Baja, que el Consistorio no defendió la calificación del suelo que aprobó en julio de 1988. La posterior clasificación de esos terrenos como suelo urbanizable programado en el PGOU ha originado, según Mil Palmeras, SA, que los bloques que edificó en primera línea de costa no se hayan legalizado hasta la fecha, y se encuentren sujetos a "múltiples vicisitudes e incidencias de los propietarios de las viviendas". En su reclamación administrativa, Mil Palmeras, SA, calcula los daños y perjuicios emergentes en 4.108 millones de pesetas. Por el lucro cesante -beneficios que no ha podido obtener al no haber desarrollado totalmente su proyecto de construcción de viviendas- reclama 3.923 millones de pesetas más, a los que suma otros 12.383 millones de pesetas por los intereses generados desde la fecha de los daños. El listado finaliza con los 1.275 millones de pesetas que se piden por daños y perjuicios morales. Mil Palmeras, SA, ha advertido al alcalde que la reclamación administrativa es un paso previo al recurso contencioso-administrativo que tiene previsto formalizar en las próximas semanas ante los tribunales de justicia.