A vueltas con la estricnina

Hubo un tiempo en el que la Administración no sólo permitía la caza de algunas especies hoy protegidas, sino que, incluso, premiaba económicamente a los que daban muerte a aquellos animales considerados perjudiciales. Corría el año de 1953 cuando se crearon en toda España las denominadas Juntas provinciales de extinción de animales dañinos y protección de la caza, desde las que se planificó el exterminio de un buen número de aves rapaces, mamíferos carnívoros y reptiles. En el entorno de Doñana, por ejemplo, se pagaban 25 pesetas por las garras de un águila imperial, y parecidas recompensas obtenían los que lograban dar muerte a un zorro, un lobo o un buitre. A finales de los años 60, la situación llegó a ser crítica para algunos animales. No hubo más remedio que conservar lo poco que quedaba y así, en 1973, se publicó el primer listado nacional de fauna protegida, ampliándolo en 1981. A partir de ese momento el uso de cebos envenenados, y otros métodos no selectivos de caza, fue reduciéndose. Todo parecía apuntar a que las campañas de concienciación en el medio rural y la persecución legal de estas prácticas, tipificadas incluso como delito, comenzaban a dar resultados. Sin embargo, a comienzos de los 90 la situación comenzó nuevamente a empeorar, en una curva ascendente que en 1998 alcanzó valores preocupantes. Durante el pasado año, y según datos de la Consejería de Medio Ambiente, se registraron numerosos casos de especies protegidas muertas como consecuencia de cebos envenenados. Entre otros fueron eliminados con este método 15 buitres leonados en la Sierra de Ronda (Málaga), 20 buitres negros en la Sierra Norte de Sevilla y otros 11 ejemplares de estas dos especies en la Sierra Morena onubense. Además de estos carroñeros también se vieron afectados el águila imperial, cuya población ha descendido en Andalucía casi un 40 % en los últimos cuatro años, y el alimoche, que ha terminado por desaparecer en numerosos puntos de la región. "Todas estas especies", explica Fernando Hiraldo, director de un proyecto de investigación sobre el tema que realiza la Estación Biológica de Doñana, "son muy sensibles al uso de cebos envenenados. Además, sus poblaciones son pequeñas y, desde luego, no podrán resistir otra campaña de exterminio como la que se llevó a cabo en el pasado". A su juicio, el regreso de los venenos ha estado ligado a la disminución de los conejos, afectados por distintas enfermedades, situación que cazadores y propietarios de cotos achacaron erróneamente a una mayor presencia de predadores, a los que decidieron perseguir de nuevo. "Pero ésta", añade, "no es la única causa, el fenómeno debe de ser más complejo, ya que se está manifestando igual en otros países europeos". El caso es que, según las inspecciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, en toda Andalucía existen más de 70 puntos en los que se han localizado cebos envenenados, cifra que se acerca a la centena si se le suman las informaciones aportadas por la guardería de Medio Ambiente. El problema, por tanto, está muy extendido, y extensa es también la nómina de productos químicos que se aplican en los cebos. Además de la clásica estricnina, los análisis efectuados por el Instituto Nacional de Toxicología han servido para identificar una docena de agentes tóxicos diferentes, entre los que destacan diversos pesticidas agrícolas así como el cianuro. La persecución de estas prácticas no es sencilla, ya que difícilmente se logra sorprender al infractor en posesión de uno de estos cebos, y la ley no permite sancionar al propietario de los terrenos en los que se colocan las trampas. En toda España no se ha aplicado ni una sola sanción. A la vista de la gravedad del problema, la Consejería de Medio Ambiente, la Estación Biológica de Doñana y Ecologistas en Acción han decidido poner en marcha un plan coordinado de actuaciones. Entre las medidas que ya se han consensuado se incluye la aprobación de diferentes disposiciones legales que permitirán sancionar a los propietarios de los terrenos en los que se localicen venenos, al mismo tiempo que se incentiva, económica o fiscalmente, a aquellas fincas en las que habiten especies amenazadas y mantengan una buena gestión cinegética.