El Poder Judicial abre diligencias para ver si sanciona a los 16 jueces vascos que criticaron la política penitenciaria

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir diligencias informativas a los 16 jueces vascos que criticaron la política penitenciaria del Gobierno y reclamaron el acercamiento de los presos etarras, informó el portavoz del CGPJ, Benigno Varela.La decisión se adoptó con los votos a favor de los vocales Francesc Caminal, Francisco Monterde, Benigno Varela y Jacobo López Barja de Quiroga -que sustituía a Manuela Carmena, ausente por enfermedad-, y el voto en contra de Emilio Olabarría, vocal propuesto por el PNV, quien discrepó "radicalmente" de tal medida.

El servicio de Inspección se encargará ahora de hacer un informe para ver si los 16 jueces de Euskadi infringieron el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces, en su calidad de miembros del Poder Judicial, "dirigir felicitaciones o censuras a poderes, autoridades y funcionarios públicos" y si la Comisión Disciplinaria en su caso abre o no expediente disciplinario. La posible falta está tipificada como grave y la sanción abarca desde las 50.001 pesetas de multa hasta la suspensión temporal.

El escrito de los jueces pedía el acercamiento de los presos vascos a Euskadi y criticaba la política penitenciaria del Gobierno que, "al margen de cualquier criterio de legalidad, equidad y justicia, sólo supone un debilitamiento del sistema democrático y de la convivencia pacífica, y una continuada y rechazable utilización de los presos".

El portavoz, Benigno Varela, destacó que los jueces tienen limitada su libertad de expresión, máxime cuando se expresan como magistrados. A su entender, ese es el caso, ya que el escrito está encabezado con la consignación de su profesión. Por el contrario, Ricardo Bodas, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), asociación a la que pertenecen la mayoría de los firmantes, se opuso a la apertura de diligencias por entender que a los autores del documento les ampara la libertad de expresión, ya que el escrito no lo divulgaron en el ejercicio de su función jurisdiccional. JpD, que no comparte el contenido ni la oportunidad del escrito, intentará personarse en las diligencias en defensa de los jueces investigados.