El Constitucional establece que Chirac no puede ser juzgado por tribunales ordinarios mientras sea presidente

Sin que mediara petición formal alguna, el Tribunal Constitucional francés acaba de establecer, de improviso, que el presidente de la República, Jacques Chirac, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria. El dictamen, trascendental en la medida en que zanja un largo debate que viene ocupando a juristas y políticos, ha sido incluido, a modo accidental y sin mayores considerandos, en la respuesta, naturalmente argumentada, que la más alta instancia judicial francesa ha dado al propio presidente y al primer ministro sobre la compatibilidad de la Constitución con el Tratado de Roma.El actual jefe de Estado queda ahora al abrigo de esas investigaciones judiciales que tratan de depurar las responsabilidades por la creación de empleos ficticios en la alcaldía de París durante los años en los que ejerció de alcalde de la capital francesa.

El pequeño párrafo que consagra la impunidad penal de Jacques Chirac durante el ejercicio de sus funciones como presidente ni siquiera fue sometido a discusión dentro del tribunal en su sesión del pasado viernes. Según afirma el diario Le Monde, el presidente de la más alta magistratura del Estado, Roland Dumas, pasó por encima del asunto sin dar opción siquiera a sus compañeros a entrar en deliberaciones.

A la vista de las formas y dada la personalidad de Roland Dumas, procesado por complicidad y colaboración en la estafa de bienes públicos en el denominado caso Elf -pago de comisiones multimillonarias por la venta de fragatas a Taiwan-, la decisión del Tribunal Constitucional francés ha desatado un amplio abanico de suspicacias y sospechas.

Mucha gente cree haber comprendido ahora por qué Jacques Chirac ha sostenido en estos últimos meses a un Roland Dumas, abandonado por buena parte de sus correligionarios del Partido Socialista Francés (PSF); o por qué insiste en la presunción de inocencia, frente a quienes, como los portavoces de su partido, la Unión para la República (RPR), o el propio ex jefe del Estado Valéry Giscard d'Estaing, reclaman la dimisión de Dumas. Al margen de suspicacias, de la posibilidad siempre presente de que el presidente de la República sea juzgado por el Tribunal Supremo francés de acuerdo a un procedimiento especial, el dictamen cierra el paso a los jueces de instrucción que, como Patrick Desmure, han marcado una dinámica investigadora que parecía llamada a desembocar en el Elíseo (sede de la Presidencia).