CC OO acusa al Gobierno de no querer desmontar las redes de "ilegales"

La multa de 30 millones de pesetas con que puede sancionarse al propietario del buque Azrou que el pasado sábado atracó en el puerto de Valencia con un numeroso grupo de polizones "puede ser un negocio", según denunció ayer CC OO, que advirtió de la existencia de mafias dedicadas a transportar inmigrantes ilegales. En este contexto, Javier Botey, abogado de CC OO para temas de migración, criticó la falta de voluntad por parte del Gobierno para acabar con estas redes, y lamentó que se repatriara a los polizones sin tomarles declaración.

Según Botey, "la solución no es repatriar por vía de urgencia a los inmigrantes". El asesor legal del sindicato aseguró que hubiera sido preferible recoger el testimonio de las más de 50 personas que el sábado intentaron entrar en España a través del puerto de Valencia para esclarecer los hechos. "Hubiera sido una información de primera mano" para colaborar en una investigación que, según señaló Botey, debe dirigirse a erradicar las mafias dedicadas a la inmigración ilegal. "Si tenemos en cuenta lo que puede haber pagado cada uno de los inmigrantes que viajaba en el barco, los 30 millones que le pueden imponer de multa al barco marroquí todavía pueden acabar siendo un buen negocio", lamentó el representante del sindicato, que aludía de esta forma a la supuesta implicación de los responsables del buque en el transporte ilegal de inmigrantes, hipótesis sobre la que trabaja la policía. Javier Botey calificó de "intención de ocultar los hechos" la actitud del Gobierno en el caso de la llegada de polizones al puerto de Valencia. "Los inmigrantes siguen llegando, aunque no en cifras tan alarmantes como las del pasado fin de semana", dijo el asesor legal, "sin embargo, el número de solicitudes de asilo político en frontera es cero, lo que no deja de ser extraño". Ayuda legal El responsable sindical señaló que, al margen de las dificultades existentes en la actualidad para conseguir que se acepte una petición de asilo político debido a las reticencias del Gobierno a concederlas, Botey también denunció la falta de asesoramiento a los inmigrantes que llegan a España. "No se les da la oportunidad de plantear esta situación, ya que los reciben ninguna asistencia jurídica", denunció Botey. "Está muy bien, y es muy loable, que reciban ayuda sanitaria de la Cruz Roja, tal y como ocurrió el sábado, pero se olvida que también tienen derecho a ser asistidos por un abogado", aseguró Botey, que denunció que con esta actitud el Gobierno "no sólo no cumple la ley sino que además incumple la Convención de Ginebra". El asesor de CC OO añadió que el año pasado sólo se concedieron unos 40 asilos políticos en todo el Estado, "lo que está motivado por la falta de medios de los inmigrantes para poder acceder a este derecho". Por otra parte, el polizón que se autolesionó para evitar ser repatriado, salió ayer por la tarde en dirección a Marruecos a bordo de un buque del mismo armador del que el sábado protagonizó el suceso, informaron fuentes de la policía. Precisamente el cuerpo policial considera cerrado el episodio tras esta última repatriación.