La Junta cree errónea la posible impugnación del decreto de las 35 horas El Gobierno central se opone a la ley

El decreto para incentivar la jornada de 35 horas, que será aprobado el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, se ha convertido en un nuevo objeto de confrontación entre ésta y el Gobierno central. El anuncio de llevar a los tribunales el decreto, formulado por el delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, ha provocado malestar en el Ejecutivo andaluz. El consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, consideró "un error de bulto" la oposición mostrada por el Ejecutivo hacia la pretensión de la Junta de generar nuevos puestos de trabajo incentivando la reducción de la jornada en el sector privado.

La Junta está preparada para afrontar los mecanismos que el Gobierno central pondrá en marcha para intentar anular el decreto de las 35 horas. Los cinco meses invertidos en la elaboración y negociación del decreto con los agentes sociales han hecho del mismo un instrumento de empleo "magnifico", a prueba de cualquier rechazo. El titular de Trabajo se ha mostrado tranquilo ante la impugnación anunciada por Torres Hurtado, ya que, a su entender, el decreto no podrá ser cuestionado ante los tribunales de justicia porque "no tiene la más mínima capacidad jurídica para recurrirlo jurídicamente". Los argumentos esgrimidos por éste se centran en el carácter "voluntario" de los incentivos a las empresas que por decisión propia apliquen la reducción de la jornada y la ausencia de medidas dirigidas a los funcionarios públicos, ya que el decreto se centra exclusivamente en el sector privado. Por ello, Gutiérrez recomendó a Torres Hurtado la lectura del texto del decreto "para que vea de qué se trata" y descubra que no se va a producir ninguna discriminación entre los funcionarios de las diferentes autonomías. La oposición del Gobierno central a la jornada de 35 horas fue considerada por Gutiérrez como "una torpeza", que no evitará la futura implantación de la reducción de la jornada en toda España. Basándose en este convencimiento, Gutiérrez recomendó al Gobierno que intente "encauzar ese efecto que se va a producir" a nivel nacional y lo convierta en un instrumento generador de empleo. Lo contrario, "colocarse de espaldas al proceso, hacer de muro e incluso ir al recurso judicial, me parece un error de bulto", subrayó. Y es que la Junta tiene claro que la reducción de la jornada conllevará a la creación de nuevos empleos; en el peor de los casos, 15.000 y, con una buena acogida empresarial, se podrían alcanzar los 50.000. Las previsiones de Trabajo se basan en un estudio centrado en las empresas con más de 20 trabajadores. Por otro lado, la Junta está convencida de que sólo tendrá que hacer frente a la batalla jurídica que emprenda el Gobierno, ya que no se espera una oposición activa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La patronal limitará su disconformidad con el decreto a un escenario pasivo pero sin entrar en recursos jurídicos. Juego con lealtad Las relaciones entre Junta y empresarios continuarán siendo buenas. La imposibilidad de alcanzar un consenso con la patronal en relación a las 35 horas no empañará el dialogo social. Los empresarios continuarán siendo parte de la concertación social, tras haber "jugado con bastante lealtad" en el proceso negociador del decreto, añadió Gutiérrez. El decreto de las 35 horas se compone de cuatro programas preferentemente dirigidos a jóvenes y mujeres. El primero de estos programas incluye incentivos económicos para los contratos que tengan como beneficiarios a jóvenes y mujeres. La segunda "preferencia" estará centrada en los desempleados mayores de 40 años, que contabilicen más de 12 meses en el paro. Los discapacitados ocupan el tercero de los programas del decreto. Los protagonistas del cuarto proyecto serán los acogidos al programa de solidaridad: inmigrantes, minorías étnicas, ex reclusos, ex toxicómanos y gentes con riesgo de exclusión social. El coste inicial del decreto será de 5.000 millones, que serán ampliables si la demanda lo requiere. Un dinero que se convertirá en subvenciones de entre 200.000 y 700.000 pesetas para las nuevas contrataciones. No serán necesarios los mecanismos de control, ya que los contratos registrados serán la prueba que constate el destino de las ayudas. Para "no poner en peligro" la competitividad de las empresas se prevén ayudas de hasta un millón de pesetas para la realización de planes de viabilidad. Ahora la Junta tendrá que abordar la reducción de la jornada a sus empleados. Las mesas sectoriales de la función pública están negociando la implantación gradual de las 35 horas a los 200.000 funcionarios de la administración regional.