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EL PROCESO DE PAZ

"El Gobierno tiene interlocutores entre los presos", afirman portavoces de ETA

"El Gobierno sabe que tiene interlocutores entre los presos" de ETA, aseguran dos portavoces de la organización terrorista en una entrevista concedida al semanario Cambio 16 en un país europeo no concretado. Esta afirmación supone una especie de respuesta a las demandas del Ejecutivo para que ETA designe a sus representantes con vistas al proceso de pacificación. Los anónimos portavoces etarras aseguran también que en noviembre comunicaron al Gabinete de Aznar que "sería necesario el acercamiento de un mínimo de 200 presos a Euskadi para las navidades como muestra de que Madrid estaba dispuesto a negociar".

La entrevista del periodista y los dos representantes de ETA, que se identificaron como "medios del MLNV [Movimiento de Liberación Nacional Vasco] que representan su pensamiento político actual", empezó a fraguarse hace cuatro meses, después de la declaración de tregua indefinida. La reunión, según el número de Cambio 16 que se publica hoy, duró cuatro horas. Los interlocutores no permitieron que se les grabara ni que se les hicieran fotos.Tras advertir que "el Gobierno sabe que tiene interlocutores entre los presos", los portavoces etarras recalcaron que el "ámbito de interlocución" no se reduce sólo a los reclusos, sino que se extiende a otros dirigentes del MLNV, aunque, en cualquier caso, debe contarse con los presos.

Los portavoces de ETA destacaron que el Gabinete de José María Aznar podría iniciar ya las conversaciones o, más exactamente, "reanudarlas" con reclusos destacados "si no fuera por la oposición de los sectores que se impusieron en un largo debate a mediados de diciembre y que se tradujo en la provocación de reducir el acercamiento de los prisioneros políticos a sólo 21, trasladándoles a cárceles peninsulares". Se refieren así al supuesto debate que se produjo en el seno del Gobierno antes de que fueran trasladados a la Península los 21 etarras recluidos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

"No está claro que Aznar mande mucho en este proceso, aunque no podemos decir que el presidente sea el representante del sector más reacio a una negociación", dijeron los portavoces del MLNV, que apuntan hacia Jaime Mayor, ministro del Interior, y Josep Piqué, el portavoz del Ejecutivo.

Los representantes de ETA afirman que si Aznar realmente decidiera "quizá las cosas podrían ir más rápido o con mayor consistencia y solidez políticas". "No hay que olvidar", dicen, "que Aznar recibe la influencia de Pujol y se encuentra obligado a mantener los acuerdos con el PNV, mientras que Mayor está abiertamente expuesto a la policía, la Guardia Civil y la peculiar influencia del aparato de la dirección socialista".

Según los dos entrevistados, un ejemplo de la dependencia de los representantes del Gobierno respecto a Interior fue lo ocurrido en noviembre, cuando "se hizo saber al Gobierno español que sería necesario el acercamiento de un mínimo de 200 presos a Euskadi para las Navidades como muestra de que Madrid estaba dispuesto a negociar en serio".

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Los dos portavoces etarras aseguran que, tras la "propuesta" del MLNV respecto al traslado de 200 presos, "desde medios nacionalistas vascos se instó al Gobierno a la generosidad". Pero, aunque hubo "un importante debate en el seno de la comisión de seguimiento" del Ejecutivo, sólo fueron trasladados a la Península 21 reclusos. Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a EL PAÍS que ETA jamás ha hecho llegar ninguna exigencia sobre 200 reclusos.

Siempre según los portavoces, "ETA no ha ordenado a nadie que amenace a concejales o tire cócteles mólotov contra la Guardia Civil", tras lo que califican de "inexistentes" los documentos en los que la organización habría ordenado "eso que llaman terrorismo de baja intensidad". También ponen en duda que ETA haya enviado cartas a 40 empresarios exigiéndoles el impuesto revolucionario.

¿Cuál es el escenario político que dibujan para el próximo junio, después de las elecciones municipales?, pregunta el entrevistador. En primer lugar, "mantenimiento de la tregua" y, en segundo, una especie de integración territorial de los Ayuntamientos vascos que no rompería las fronteras estatales, pero que, según ellos, supondría la "construcción de Euskal Herria".

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