Los juristas censuran con dureza a Mayor Oreja por ofrecer la lista de los estudiantes radicales

Los juristas se sumaron ayer a las críticas contra el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y censuraron con dureza que el lunes, durante su comparecencia en el Congreso, ofreciese a los diputados los nombres y la ficha policial de 10 estudiantes que, según la policía, participaron en los incidentes del pasado día 14 en la Universidad Autónoma de Barcelona con motivo de la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar. "No me parece de recibo esa actuación", aseguró Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

En opinión de Margarita Robles, actualmente destinada en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, "corresponde a los jueces y no a la policía ni al Ministerio del Interior delimitar si existió una participación de unos ciudadanos en unos hechos supuestamente delictivos, como fue la alteración del orden público que se produjo ese día". Por eso, censuró que Mayor Oreja, "sin más, presuponga esa participación y diera por probados los hechos" durante su comparecencia en el Congreso. La ex secretaria de Estado de Interior coincidió con el rector de la UAB, Carles Solà, en que se debía haber mantenido la confidencialidad sobre los datos personales de los participantes en la protesta y recordó que la actuación de Mayor Oreja reviste más gravedad "porque, que se sepa, no se ha abierto ningún procedimiento judicial contra ninguna de esas personas". Por su parte, Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona y portavoz de Jueces para la Democracia, aseguró que "no se puede ventilar por la vía de la opinión pública, ni siquiera a través del Congreso, la difusión de nombres de personas contra las que no se han emprendido acciones administrativas ni judiciales". Según Comas, si se demostrase que estos nombres han sido divulgados, "los afectados estarían en su derecho de emprender una demanda de acción civil contra el ministro por atentar contra el derecho a la propia imagen". El ofrecimiento de los nombres y las fichas policiales de los estudiantes tuvo un nulo eco entre los diputados de la Comisión de Interior, pues ninguno de ellos se interesó por esas identidades. "El simple ofrecimiento de esos nombres ya merece una censura política porque las fichas policiales forman parte del secreto estadístico policial", aseguró Comas. En términos parecidos se expresó el abogado Mateu Seguí. "El ministro autoriza la actitud policial en nombre de un principio de autoridad que ya está caducado y al dar los nombres de estas personas falta al respeto al ser humano, que es lo más importante, aunque vengamos del mundo animal", aseguró. Del mismo modo, el vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol, afirmó: "Es como si regresáramos a un estado policial en el que todas las actividades de las personas están registradas en unas fichas que tanto nos recuerdan al franquismo". Según Xiol, "ésta no es la respuesta que debe dar el Estado a la misión de control y vigilancia ciudadana que tiene encomendada". Acciones de los estudiantes Las asociaciones estudiantiles de la UAB estudian iniciar acciones legales ante la difusión de esos datos por el ministro del Interior, ya que consideran que vulnera el derecho a la intimidad de las personas. "Primero no dejan que nos manifestemos pacíficamente para mostrar nuestro rechazo a la política universitaria de Aznar y luego nos fichan", explicaba ayer indignado Jordi Panyella, del Moviment d"Estudiants Progressistes. Los universitarios están preocupados porque algún medio de comunicación ha publicado las iniciales de tres de los 10 estudiantes fichados por la policía por "radicales" y por tener conexión con Jarrai y el movimiento okupa. "Yo conozco compañeros cuyos nombres corresponden a las iniciales que se han difundido", afirma Alexandra Vallujena, del Bloc d"Estudiants Independentistes, quien asegura: "No podemos estar tranquilos ante las investigaciones policiales". Vallujena coincide con los juristas en que "esto parece un Estado policial".