El fiscal decide no acusar a nadie por el envío de bombas a miembros de HB

El fiscal Pedro Rubira ha solicitado al juez Baltasar Garzón la conclusión , sin imputación alguna, del sumario abierto en la Audiencia Nacional por el envío de tres cartas-bomba a militantes y simpatizantes de HB, entre los que figuraban Iñigo Iruin y Alfonso Salazar, según informó el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño. La remisión de las bombas se realizó en septiembre de 1989 y una de ellas, al hacer explosión, provocó la muerte del cartero de la localidad guipuzcoana de Rentería José Antonio Cordero Morales.Los envíos nunca fueron reivindicados, si bien la declaración del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, después de ser detenido en Tailandia y encarcelado en la cárcel de Brieva (Ávila), atribuyó los envíos de las bombas a una decisión del ex ministro del Interior José Luis Corcuera y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que se habría materializado a través de los grupos Omega, llamados también Patas Negras, un equipo de guardias civiles al mando del teniente Pedro Gómez Nieto que obedecía directamente a Roldán.

La petición del fiscal es el primer paso para pedir el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido del delito. El fiscal estima que en el sumario no hay indicios suficientes para dirigir acusación alguna contra ninguno de los imputados, que son Corcuera, Vera, Roldán, Gómez Nieto y otros cuatro guardias.

Desglose del "caso Oñederra"

Este sumario fue desglosado del llamado caso Oñederra, que investiga cuatro de los primeros asesinatos cometidos por los GAL. El fiscal ya informó de que consideraba que las sospechas iniciales no se habían transformado en indicios de criminalidad y que por ello no procedía que se procesase a ninguno de los imputados, pero Garzón tiene solicitadas pruebas adicionales antes de pronunciarse.En el marco del caso Oñederra se investigaban también otros hechos que fueron desglosados de la causa y se convirtieron a su vez en nuevos sumarios: el del secuestro del grapo Jesús Cela Seoane, el de la utilización de mendigos para probar medicamentos que luego iban a ser empleados en el dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y el del envío de las cartas-bomba a simpatizantes de HB. El primer caso se remitió a un juzgado de A Coruña después de que el fiscal sostuviese que no era competencia de la Audiencia Nacional, porque los grupos Omega no constituyen banda armada.