Aida Álvarez, Durán y Mena no serán imputados en el "caso Ollero"

La Audiencia de Sevilla, que juzgará el caso Ollero por el pago de comisiones en carreteras andaluzas, ha rechazado tomar declaración como imputados a la ex dirigente socialista Aida Álvarez, al intermediario Gustavo Durán y al jefe de servicio de la Junta Antonio Mena, como solicitó el PP. En un auto previo al juicio, que comenzará el 17 de mayo, la Sección Primera de la Audiencia rechaza esta petición del PP por entender que se trata de "diligencias de investigación de naturaleza instructora, no apropiadas en este trámite porque desbordan el objeto del proceso". Los jueces rechazan la mayor parte de las pruebas solicitadas por la acusación particular del PP, que también pretendía imputar a Javier Gallardo, asesor fiscal de uno de los acusados, así como tomar declaración como testigos al inspector jefe de la Policía Judicial y a todos los funcionarios policiales que intervinieron en la causa, cuya instrucción duró cinco años. En la documentación intervenida por la Policía a los procesados por el supuesto reparto de comisiones aparece el nombre de "Ópera", que las acusaciones particulares identifican con Aida Alvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. En el caso Ollero están procesados el ex consejero andaluz de Obras Públicas Juan José López Martos, el ex director de Carreteras de la Junta Manuel Ollero, su hermano e intermediario Jorge Ollero, y los directivos de OCISA Jesús Roa y Luis Nogueira, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta seis años de inhabilitación y dos de prisión por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y revelación de secretos. La Audiencia también ha rechazado por su "generalidad y falta de concreción" la petición del PP de que se haga un estudio pericial contable de todas las empresas investigadas y entidades bancarias, las ofertas que concurrieron al concurso para construir la carretera Las Salinas-Pedrizas (Málaga), origen del caso Ollero, y una investigación sobre las "obligaciones tributarias de los imputados" con un "acta de liquidación provisional" de su posible incumplimiento.