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SANIDAD LOS DAÑOS DETERMINARÍAN LAS INDEMNIZACIONES

El forense examina a los afectados para fijar el efecto de la hepatitis C

Cerca de 40 afectados por el brote de hepatitis C detectado en dos hospitales de Valencia han sido sometidos a una revisión médica en la Clínica Médico Forense de esa ciudad por orden del juez encargado del caso, que pretende que los expertos evalúen el grado de desarrollo de la enfermedad en cada infectado. Éste es un dato básico para fijar las posibles indemnizaciones a percibir por los perjudicados, si los tribunales así lo establecen finalmente, dado que el virus de esa enfermedad se desarrolla con diferentes efectos y velocidades.

La mayor parte de los infectados que acudieron a la clínica -casi todos los citados, 35 mujeres y tres hombres- sufrían la enfermedad en su desarrollo inicial, lo que suele manifestarse en síntomas de cansancio y agotamiento. Según fuentes cercanas al caso, las revisiones, que suelen prolongarse entre 15 minutos y media hora, son de carácter superficial, una mera exploración en la que los médicos intentan determinar los efectos que el virus ha ocasionado en cada uno de los perjudicados. En algunos casos, los facultativos han recogido en sus informes los daños psicológicos generados por el contagio de la hepatitis C, que han provocado cuadros depresivos en una parte mínima de los afectados por el brote. El resto de infectados incluídos en la causa investigada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia -todos aquellos que presentan el mismo genotipo que el único imputado en la causa, el anestesista Juan Maeso- acudirán en las próximas semanas a la Clínica Médico Forense, siempre según las mencionadas fuentes. El juez que investiga el masivo contagio, José Manuel Ortega, ha ordenado la práctica de las revisiones coincidiendo con la parte final de la instrucción de la causa, cercana a su conclusión tras la realización de casi todas las pruebas de carácter científico demandadas. De hecho, el magistrado y el fiscal sólo siguen pendientes de los resultados del informe, a realizar en el Instituto Nacional de Toxicología radicado en Madrid, que podría desvelar si Maeso sufre o ha sufrido algún tipo de drogadicción. Además, la investigación realizada por la policía ha llegado a su parte final y, en principio, la fase testifical está cercana al agotamiento tras las comparecencias en el juzgado de decenas de testigos del caso. Por ello, a falta de las pruebas que solicite el letrado de Juan Maeso o algunas de las acusaciones particulares personadas en la causa, el magistrado habría decidido evaluar las consecuencias de la infección en cada uno de los afectados. El informe de la Clínica Médico Forense es preceptivo en cualquier procedimiento judicial en el que sea necesario determinar el daño físico sufrido por una persona y, generalmente, básico para establecer las hipotéticas indemnizaciones con las que se debería resarcir, en este caso, a los perjudicados por el brote. El informe epidemiológico realizado a instancia de la Consejería de Sanidad atribuye 171 casos de contagio a Juan Maeso. Recurso contra Farnós Mientras, el abogado del anestesista, Francisco Davó, ha recurrido la decisión de José Luis Pérez, el magistrado de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que ha archivado por dos veces -siempre con la anuencia del fiscal- la denuncia presentada contra Joaquín Farnós por un supuesto delito de revelación de secretos. El juez encargado del caso, José Manuel Ortega, denunció al consejero de Sanidad por difundir públicamente -a pesar de dos advertencias en contra del magistrado- parte del informe epidemiológico realizado por su departamento. La sala de lo Civil y Penal resolverá el recurso interpuesto por Davó.

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