El PSC acusa a la Generalitat de "inculpar y exculpar" a Fecsa

El PSC denunció ayer el doble papel del Gobierno catalán en la "inculpación y exculpación" de la compañía eléctrica Fecsa en el proceso derivado de los grandes incendios forestales del pasado julio. El diputado socialista Joan Roma dijo sentirse "perplejo" porque Agricultura afirmaba que el primer incendio pudo deberse a una línea eléctrica, mientras el consejero de Industria, Antoni Subirà, salía "en defensa de las eléctricas". Uno de los dos jóvenes procesados acusó a la Guardia Civil de presionarles para que confesaran.

Los agentes rurales del Departamento de Agricultura de la Generalitat presentaron un informe en el que exponían que unos restos metálicos, hallados cerca del punto de origen del primero de los incendios que asolaron la Cataluña central, podían proceder de una línea eléctrica. Esa versión venía a corroborar las sospechas de los afectados por el fuego, quienes creían en la culpabilidad de Fecsa. La juez que instruye el caso recibió el pasado lunes un informe de un catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en el que se confirmaba la posibilidad de que los restos metálicos pudieran formar parte de una instalación eléctrica, y con el informe en la mano ordenó el miércoles la libertad provisional bajo fianza de 500.000 pesetas de los dos jóvenes de Puig-reig encarcelados desde el pasado 30 de julio como presuntos autores del incendio. El autor del informe de la UPC, el profesor Josep Maria Casas Sabata, matizó ayer que su trabajo, aún inacabado, no sacaba conclusiones definitivas "y menos aún pretende, ni puede, acusar a nadie". El diputado Joan Roma, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), declaró que el consejero de Industria, Antoni Subirà, salió en defensa de Fecsa poco después de conocerse el hallazgo de los agentes rurales y denunció que los altos cargos de ese departamento salieran "en defensa de la compañía eléctrica de forma reiterada, en éste y en otros casos". Roma reclamó al Gobierno catalán "mano dura" ante las irregularidades de las eléctricas en materia de conservación de líneas, "para evitar que las compañías prefieran pagar las sanciones a invertir en la mejora de su red". "El servicio de las compañías es cada día peor, y no se toman medidas", añadió. El diputado socialista, quien junto al alcalde de Puig-reig, Josep Maria Boatella, había solicitado reiteradamente la libertad provisional de los dos jóvenes acusados, considera que los muchachos fueron víctimas "del mal funcionamiento de la justicia" y de la necesidad política de encontrar culpables ante la presión social y ante la inminencia, en su momento, de un pleno extraordinario del Parlamento catalán para debatir la actuación de todas las partes implicadas en el incendio. Supuestas presiones Uno de los dos acusados, Josep Maria Fernández, dijo ayer que había sido utilizado como "cabeza de turco" ante unos incendios que "necesitaban una justificación y un culpable ante la gran alarma social que habían creado. "Nos cogieron a Josep [el otro procesado] y a mí", denunció. Fernández se confesó autor de dos pequeños incendios en Puig-reig y en Castellar de N"Hug en los que ardieron algunos matojos. "Fue una gamberrada, un día que salíamos de la discoteca después de haber bebido". El mismo joven afirmó, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que su compañero Josep Maria Puig "se autoinculpó porque estaba presionado" y que la Guardia Civil le obligó a confesar. Josep Maria Fernández no quiso precisar si los agentes los habían golpeado. "Cuando se arregle todo será el momento de hablar", se limitó a decir. Fuentes de la Guardia Civil desmintieron, por su parte, las supuestas presiones, y se remitieron a la investigación desarrollada por el grupo de incendios de Manresa (Bages).