Coacción incesante

ONCE AÑOS después de la aprobación del Pacto de Ajuria Enea existe una tregua de ETA que lleva cuatro meses en vigor, pero no ha cesado la coacción por parte de los terroristas. La amenaza se concentra sobre los afiliados a partidos no nacionalistas y las fuerzas de seguridad del Estado. Pero la coacción afecta también a los propios partidos nacionalistas: se les ha dicho claramente que la continuidad de la tregua depende de que respalden los planteamientos de Lizarra tal como los interpreta HB. Es decir, incluyendo el rechazo de cualquier acuerdo con los partidos descalificados como españolistas y su apoyo al programa soberanista que ellos tratan de impulsar desde la Asamblea de Municipios: un proyecto destinado a deslegitimar las instituciones autonómicas.El Pacto de Ajuria Enea fue un intento de fijar unos principios compartidos por todas las fuerzas democráticas para hacer frente al intento de imposición de ETA. Tras la tregua se argumentó desde el nacionalismo que no tenía sentido mantener ese pacto una vez que había desaparecido la violencia y el nuevo lehendakari anunció su intención de convocar a todos los partidos en un nuevo foro en el que fuera admitida la coalición Euskal Herritarrok (EH). Se comprenden las dificultades de Ibarretxe para realizar esa convocatoria cuando el portavoz de EH no sólo no condena, sino que justifica el recurso a actos de intimidación y agresión a miembros de algunos partidos que habrían de sentarse a la misma mesa. El resultado es que la sima abierta entre las diferentes fuerzas políticas se está trasladando a la población sin que exista ninguna instancia unitaria capaz de frenar esa tendencia.

El primer comunicado de ETA sobre la tregua ya hablaba de "persecución social" de los "enemigos del proyecto", pero el aviso no mereció atención especial de las personas que no se consideran contrarias a la "construcción nacional de Euskal Herria". También incluía el comunicado la advertencia de que la tregua no implicaba renunciar a seguir realizando "las tareas habituales de suministro", pero ello tampoco preocupó a quienes no se consideraban en peligro de ser extorsionados. Ahora se sabe que algunas personas han recibido la carta del impuesto revolucionario y que a otras les han incendiado el bar o el coche. El PNV y EA han comprendido que el asunto les concierne, y en las últimas horas han realizado advertencias severas a EH pidiendo a sus dirigentes que se pronuncien claramente contra la violencia callejera y demás.

El problema es que EH se ha pronunciado ya diciendo que esa violencia se explica "por la situación de los presos" de ETA y considerando que situar los actos de sabotaje como problema central es una maniobra del PP para "condicionar al PNV en su apuesta por Lizarra". Tal vez Otegi piensa que sigue en vigor el blindaje acordado en su día para proteger sus contactos con el PNV frente a cualquier acto violento. Ibarretxe ha declarado que no es posible hablar de "estabilidad del Gobierno" -es decir, de las condiciones del respaldo parlamentario de EH- mientras continúe la violencia callejera. Es una exigencia mínima, reiterada ayer por Arzalluz, aunque los abrazos de éste a los líderes de HB en la manifestación del sábado constituyen un poderoso contrapeso.

Hasta hace poco, el PNV defendía el acercamiento de los presos frente al traslado a cárceles vascas que exige EH. El comunicado leído el sábado por los convocantes de la manifestación asumía esta segunda consigna. La unidad del nacionalismo se está construyendo sobre la base de que sean los partidos democráticos los que acepten los planteamientos de EH. Están en su derecho, pero el resultado es incompatible con cualquier intento de establecer un consenso comparable al que expresaba el Pacto de Ajuria Enea.