Unión Valenciana se juega la gestión de más de 75.500 millones del presupuesto de la Generalitat
Unión Valenciana arriesga la gestión de más de 75.500 millones del presupuesto de la Generalitat si llega a consumarse la ruptura del acuerdo de gobierno. El paquete más importante corresponde a la Consejería de Agricultura, con un presupuesto para 1999 de 56.530 millones. El número de afiliados regionalistas que viven a costa del erario público supera las 200 personas, según fuentes de la Generalitat. Tres de ellos pidieron ayer la baja del partido; se trata del jefe de gabinete de la consejera, y dos directores generales de la misma consejería vinculados a María Ángeles Ramón-Llin.
Juan Carlos Beneyto, jefe de gabinete de la consejera, se afilió a UV hace seis años junto a su hermana, Mayren, concejal del Ayuntamiento de Valencia y directora del Palau de la Música, que se negó a secundar la ruptura con el PP en el Ayuntamiento de Valencia impulsada por Társilo Piles, presidente provincial de los regionalistas. Eduardo Primo, director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Sanidad Vegetal, es funcionario de Agricultura, y Enrique Bellés, responsable de Industria, Cooperativismo, Pesca y Relaciones Agrarias, se incorporó al cargo cuando se desgajaron las áreas de Agricultura y Medio Ambiente. Ambos se dieron de alta en el partido en marzo de 1997, después de la revisión del acuerdo de gobierno entre populares y regionalistas. Los tres explicaron su renuncia "por coherencia" con la decisión de la consejera. Lógicas y normales Fuentes de UV calificaron las bajas como "lógicas y normales" ya que su alta en la formación regionalista coincidió "con su designación como personal de confianza". El mismo portavoz aseguró que su compromiso con el partido se ha limitado al "beneficio personal" y atribuyó el cese a "un sentimiento de fidelidad y agradecimiento hacia la persona que les dio un puesto de trabajo". El jugoso presupuesto de la Consejería de Agricultura incluye la gestión de casi 23.262.417 millones para transferencias corrientes y cerca de 6.000 para inversiones reales. El Instituto de Investigaciones Agrarias, organismo que depende de la misma consejería, dispone de un presupuesto para 1999 que supera los 1.300 millones. La Consejería de Medio Ambiente, que ocupa el regionalista Juan Manuel Castellá desde marzo de 1997, dispone de 14.325 millones para el ejercicio de 1999. Las transferencias corrientes no alcanzan los 1.000 millones de pesetas, pero las inversiones reales constituyen un paquete de cerca de 6.000 millones. Medio Ambiente tiene previsto gestionar, además, el desarrollo del Plan Integral de Residuos, cuyo presupuesto para cinco años está estimado en 45.000 millones, que deben ser negociados con la Unión Europea en su gran mayoría. El Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj), cuyo director es Joaquín Lanuza, disfruta de casi 3.500 millones para 1999 que se distribuyen esencialmente en ayudas y subvenciones. Fuentes de UV descartan que Castellá o Lanuza puedan renunciar al partido para permanecer en sus cargos si se consumara definitivamente la ruptura y aseguran que su fidelidad está fuera de duda. Pero la relación de militantes regionalistas que viven del erario público supera las 200 personas, según fuentes de la Generalitat, en puestos del más diverso rango, y está por ver cuantos estarían dispuestos a renunciar a las lentejas de la Administración. Los regionalistas han utilizado las instituciones que ocupan para implantar el partido en el conjunto del territorio valenciano. Unión Valenciana ha logrado crear toda una estructura orgánica en la provincia de Alicante, circunscripción por la que nunca ha logrado representación parlamentaria. La presumible pérdida de votos en la ciudad de Valencia, donde la figura del fallecido Vicente González Lizondo asentaba gran parte de su fuerza ha sido compensada con una dispersión territorial mucho más amplia, en gran medida gracias a una gestión bien dirigida de los fondos públicos. Los responsables de UV se permitían aventurar antes de la ruptura que en las próximas elecciones autonómicas lograrían hasta cinco escaños en la provincia de Valencia, al menos uno en Castellón y, por primera vez, un representante parlamentario de Alicante.
La caza del cargo
La implantación territorial de Unión Valenciana ha ido acompañada de un asedio callado en los lugares más dispares para desestabilizar al Partido Popular y ganar adeptos. Los regionalistas han captado hasta un centenar de cargos públicos a lo largo de la presente legislatura, en su mayoría concejales y al menos la mitad elegidos en listas del PP. Muchos de los nuevos militantes proceden de los escasos concejales elegidos por el Centro Democrático y Social, la formación en la que militó en su día el actual secretario general de UV, Fermín Artagoitia. Un paquete importante corresponde a concejales elegidos como independientes, que han sido atraídos con las garantías que ofrece una estructura bien organizada con peso en la Administración autonómica. Los populares restan importancia a las altas en UV y aseguran que los regionalistas sólo han captado a los descontentos y expulsado de la familia popular. El caso más sonado corresponde al alcalde de Alzira, Alfredo Garés, que fue elegido por el PP. Garés accedió a la alcaldía a través de un complicado pacto con los socialistas y nacionalistas de UPV, que se unieron para evitar que Francisco Blasco, hermano del subsecretario de Presidencia, Rafael Blasco, repitiera en la alcaldía de la capital de La Ribera Alta. La dirección provincial del PP intentó forzar la ruptura de una coalición que consideraba antinatural, pero Garés se agarró a la vara de mando y fue acogido en el seno de la formación regionalista. UV, por su parte, ha perdido durante esta legislatura varios cargos públicos a raíz de la escisión del sector lizondista, que constituyó una nueva formación bajo el nombre de Iniciativa de Progreso de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, un senador, un representante en Europa, un diputado autonómico y dos alcaldes.
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