Ofensiva diplomática para salvar la vida del español condenado en EE UU

Una delegación del Senado se encuentra en Miami para interceder por un nuevo juicio para el español condenado a muerte por el asesinato de una pareja en 1995. Los senadores españoles, que representan representan a un amplio abanico del arco político español, creen en la inocencia de Joaquín José Martínez y se entrevistarán con el fiscal general de Florida y con el gobernador del Estado, Jeb Bush, "para trasladar a ambos la preocupación del Parlamento, del Gobierno y de la sociedad españoles".

Aunque los argumentos que presentarán ante las autoridades de Florida sobre fallos procesales en el primer juicio son sólidos, y el momento no podía ser más oportuno tras la apelación ante la Corte Suprema de este Estado presentada el pasado miércoles, las posibilidades de que la gestión se traduzca en una absolución son remotas. Así lo reconocieron los senadores Manuel Jaen, Ignacio Díez y José Nieto, a los que se les unirá mañana el senador Imanol Bolinaga. El embajador de España en Washington, Antonio Oyarzábal, y el cónsul, Miguel Díaz, les acompañarán. Los senadores acompañarán su petición con una resolución del Parlamento Europeo condenando la sentencia a muerte de Martínez y una carta del ministro de Exteriores, Abel Matutes, a su homóloga norteamericana, Madeleine Albright, solicitando la revisión del proceso. También abogarán por su anulación porque el arresto de Martínez violó la Convención de Viena al no haberle leído su dereho a comunicar con las autoridades consulares españolas, a las que tampoco se informó.

El fiscal general de Florida, Bob Butterworth, tendría que invocar la cláusula de "confesión de error", que establecen las leyes de este estado para que la Corte Suprema otorgara un nuevo juicio. Butterworth dispone de sesenta días, que en la práctica se pueden extender a seis meses, para responder a la apelación del abogado, Peter Raben, solicitando un nuevo juicio. No hay precedentes en el estado de Florida de "confesiones de error" de fiscales en casos de pena capital, según dijo el portavoz del fiscal general a EL PAIS.

Martínez fue sentenciado el año pasado en el condado de Hillsborough, acusado de matar a tiros a Douglas Ray Lawson y apuñalar hasta la muerte a su novia, Sherry McCoy. Poco después ingresó en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Starke, y eso le convirtió en el único español de los 1.400 detenidos en el extranjero que está condenado a muerte. Martínez siempre ha mantenido su inocencia, y tanto él como su familia aseguran que fue víctima de una investigación que se cerró apresuradamente porque el padre del asesinado era asistente del sheriff que lo detuvo el 29 de enero de 1996.

Su condena se basó en pruebas circunstanciales. No hubo arma homicida, ni testigos presenciales, ni se tomaron huellas, ni las pruebas balísticas coincidieron con el arma de Martínez. Tampoco se persigueron otras pistas, a pesar de que había una colilla que en las pruebas de ADN resultó no pertenecer ni a los asesinados ni a Martínez, que además no fuma.

El jurado dictó su veredicto en base a testimonios indirectos de quienes dijeron haber escuchado a Martínez confesarse culpable. Prueba crucial fue el testimonio de su ex esposa, que se prestó a petición de la policía a atraerlo al domicilio conyugal para grabar secretamente un vídeo en el que ella le lanzaba frases sin respuestas incriminatorias.

Sin embargo, la transcripción refleja 300 comentarios de Martínez, cuando en la realidad no se escuchan más de un centenar. Y como el vídeo era inaudible, el juez permitió que el jurado se fiara de la transcripción, auque según las leyes de Florida no es admisible. El abogado que lo defendía entonces, Thomas Fox, no objetó ni ése ni otros argumentos decisivos para Martínez.

La familia también tiene sospechas sobre la actuación de los fiscales, que fueron separados posteriormente de sus cargos por presunto manejo corrupto de otros casos. El fiscal Nick Cox dijo al jurado que "quizá los asesinatos no hubieran tenido lugar en esa fecha" (27 de octubre de 1995). Éste es uno de los nueve fundamentos en los que se apoya la apelación presentada por el abogado de Martínez, para quien el cambio de fecha anuló la coartada de su defendido y confundió al jurado. Su recurso, de 105 páginas, alega violación de las leyes procesales, manipulación de pruebas y cuestiona la validez de la anterior defensa.