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El Consell sólo ha limpiado 4 de los suelos con contaminación industrial del inventario nacional

Medio Ambiente actúa sobre enclaves públicos y, salvo peligro, relega los privados

EL Consell del PP sólo ha actuado sobre cuatro suelos contaminados por residuos industriales de la Comunidad Valenciana listados oficialmente a nivel nacional desde hace cinco años. En los últimos meses, sin embargo, el Consell se ha visto forzado a buscar soluciones más rápidas en algunos enclaves. Ante la presión social, ha tenido que desalojar el instituto Mare Nostrum de Alicante para limpiar de fertilizantes el suelo contaminado del patio, y ha trasladado los residuos tóxicos olvidados por la empresa catalana Intal en cuatro municipios de Castellón.

El Inventario Nacional de Suelos Contaminados, finalizado en 1993, incluía 307 enclaves situados en la la Comunidad Valenciana. Se trata de un listado que menciona más de 4.000 suelos de toda España y que sirvió de base para lanzar el Plan Nacional de Suelos Contaminados (1995-2005), por el que el Ministerio de Medio Ambiente subvenciona hasta en un 50% la limpieza de estos suelos. Según datos de la Consejería de Medio Ambiente, que dirige José Manuel Castellá, de Unión Valenciana, la prioridad se centra sobre 44 parajes sucios, aunque la Administración autonómica siempre se ha negado a decir en qué municipios están y cuál es su ubicación exacta. Tras un estudio más minucioso, se descartaron algunos de esos emplazamientos porque los restos hallados sólo eran residuos sólidos urbanos (basuras domésticas) y, o bien se han clausurado o se ha comunicado al municipio correspondiente que se encargue de esa tarea. Y de los restantes (EL PAÍS ha accedido al listado completo), afectados por restos tóxicos y peligrosos, el Consell que preside Eduardo Zaplana sólo ha limpiado completamente tres de ellos y ha acometido la restauración de un cuarto. El principal motivo argumentado: la Administración no debe limpiar con dinero público suelos privados. Proyectos sin adjudicar Así, con un presupuesto de 48,4 millones de pesetas, Medio Ambiente limpió en 1997 la partida de El Pla, en Onil. También pasó la bayeta por La Chopera de Castellón, trabajo que costó 15,1 millones. Y el tercer suelo totalmente limpio es el barranco de Picassent, operación que costó 17,7 millones de pesetas. Por último, hace apenas mes y medio se acometió la restauración de uno de los puntos cuya limpieza reclamaban con más contundencia los vecinos afectados: la Rambla de la Viuda, en Almassora, cuya recuperación costará 150 millones. De otros terrenos pringados ya se ha elaborado un proyecto de descontaminación, pero todavía no se han adjudicado las obras. Es el caso de los suelos de Muro de Alcoy y de Vinaròs. Y de los del Barranco del Gallego, en Quart de Poblet, o del cauce viejo del Turia, en Valencia, ya se tienen los estudios previos de caracterización. Falta por adjudicar los proyectos y las obras. Pero la Consejería de Medio Ambiente no sólo actúa sobre suelos que sufren una contaminación industrial. También ha sellado terrenos con basuras incontroladas, como los del río Anchero, en Finestrat, Tossal Gross, en Xàbia, Terra Comtessa, en Pedreguer, Figarals Rasot, en Vergel (los cuatro en Alicante), y el Barranco del Carraixet, en Moncada (provincia de Valencia). A estas actuaciones de la consejería hay que sumar los 373 millones de pesetas que costará la limpieza del suelo del instituto alicantino de Mare Nostrum (se confinan los residuos entre láminas de polietileno y se sellan con arcillas y bloques de hormigón) y los 250 invertidos en descontaminar los suelos de Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes, que utilizó Intal para aterrar ilegalmente sus sales de aluminio. En este último caso, hay un proceso judicial abierto para dirimir posibles responsabilidades. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente aún confía en que la empresa acabe pagando el coste de la limpieza de estos terrenos contaminados en la provincia de Castellón.

La consejería elabora una lista actualizada de terrenos afectados

"Estoy contentísima; cuando me vaya habré limpiado media Comunidad", explica orgullosa Gloria Arnandis, la directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, "y además todo heredado", advierte, "¡que yo no he contaminado nada!". Así, la responsable de una de las parcelas de poder más ingratas (se encarga, entre otras cosas, de residuos peligrosos, basuras y contaminación atmosférica) explica que se está elaborando un inventario actualizado -adjudicado hace un año por 42 millones de pesetas- que parte de 4.000 fichas sobre suelos que están potencialmente contaminados. De estos suelos, ya se están investigando sobre el terreno 1.200 para que, ya en la tercera fase del proyecto, se caractericen (determinar el grado de contaminación) los que se crea conveniente. Y en los próximos años, desde la Consejería de Medio Ambiente se irán elaborando los proyectos de descontaminación de los más sucios para luego adjudicar las obras. Sin embargo, los técnicos del departamento que dirige el consejero Juan Manuel Castellá advierten que este trabajo no es definitivo. "Siempre se descubrirán nuevos enclaves sucios", advierten los técnicos, "y el inventario estará siempre inacabado". El problema es que falta aún un apoyo normativo. La ley estatal 10/98 de Residuos, aprobada en abril del año pasado, define qué es un suelo contaminado pero lo hace en referencia a unos parámetros que deberán describirse en un reglamento que todavía no se ha elaborado. Mientras tanto, en la Consejería de Medio Ambiente trabajan con la ley holandesa y la de Estados Unidos (sólo el País Vasco tiene un reglamento propio). Por eso, hasta que no se apruebe el reglamento estatal, Medio Ambiente ni siquiera puede advertir a un particular que sus terrenos están sucios (¿bajo qué parámetros?) y que tiene que descontaminarlos. Y tampoco pueden incluir en el registro de la propiedad (tal y como especifica la ley estatal) una nota advirtiendo a dueños o a posibles compradores (con la consiguiente pérdida de valor) de la características tóxicas de los terrenos que poseen o pretenden adquirir. Así, el gran caballo de batalla de la contaminación de suelos es la actuación sobre terreno privado. Salvo casos excepcionales (el de la empresa Intal o el instituto Mare Nostrum de Alicante) la norma es no hacer nada. Lógico, los particulares se han lucrado contaminando su suelo y limpiárselo supondría beneficiar con dinero de todos al infractor: además de evitarle un problema, se le revaloriza su suelo.

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