Los tres muros de las lamentaciones

Nada o muy poco en común tienen, aparentemente, tres desgracias que han sacudido Andalucía en 1998: la rotura de la presa de Aznalcóllar (Sevilla), el desplome del muro del antiguo bazar España, en la capital andaluza, y el vertido de aguas ácidas de las balsas de fosfoyesos de Huelva. Dos son desastres ecológicos, sin víctimas humanas y con magnitudes muy diferentes, y el tercero es una tragedia que se cobró cinco vidas. Pero, una vez más, las apariencias engañan, porque las coincidencias son muchas. En los tres casos, las fuerzas de la naturaleza se aliaron a cierta desidia administrativa y en ninguno de los tres casos ha habido alguien, persona física o jurídica, que entone un mea culpa. Más bien al contrario: se buscan culpables. Los tres casos tienen en común, del mismo modo, el que se haya dejado en manos de los jueces la determinación de las responsabilidades. Y en los tres casos, también, serán los peritos designados por los magistrados los que elaboren los informes técnicos sobre las causas de los accidentes que, a la postre, serán determinantes para señalar a los culpables. El informe oficial del porqué de la rotura de la presa de Aznalcóllar, que el 25 de abril dejó un reguero negro de perjudicados en toda la cuenca del río Guadiamar, está a punto de salir y el de las causas del derrumbe del muro de Sevilla el último día del año pasado está recién encargado. El accidente de Aznalcóllar, en plena feria de Sevilla, puso frente a frente a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, que se acusaron mutuamente de haber sido negligentes en la vigilancia de una presa de residuos tóxicos situada aguas arriba de una de las joyas ecológicas de Europa: el Parque Nacional de Doñana. Los responsables de ambas administraciones aseguraron que habían cumplido, que habían hecho los deberes. Ni los consejeros José Luis Blanco o Guillermo Gutiérrez, titulares de Medio Ambiente e Industria, respectivamente, ni la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, reconocieron parte de culpa alguna. Tampoco la firma encargada de cuidar el muro, Geocisa, o la empresa propietaria de la balsa, Boliden Apirsa, han admitido nada. El informe que encargó la dueña de la mina a la consultora Eptisa concluía que la rotura se había producido por culpa de un corrimiento de margas azules del subsuelo, que habían hundido el muro y había provocado el desastre. Una causa geológica. Y Geocisa explicó que ya había advertido de fallos en la presa y en los sistemas de medición de la estabilidad. A falta de una explicación oficial, el fiscal y la juez encargados del caso poco han podido avanzar en la indagación. Algo similar ha ocurrido en la rotura del muro de la avenida de Miraflores. Horas después de la tragedia, el responsable municipal de Urbanismo de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, indicaba que la responsabilidad de conservar en buen estado el muro era sólo de la inmobiliaria Osuna, propietaria del solar. Un día después, sus técnicos confirmaban que la demolición de las naves interiores del bazar España había dejado sin sustento suficiente el muro. El viento, una vez más un elemento natural, hizo el resto. Nada dijo sobre el hecho de que la mitad del terreno fuera de propiedad municipal, ni de que la marquesina sobre la que cayeron los ladrillos era de autobuses municipales ni de que las obras se habían hecho con las licencias municipales. Osuna, por su lado, argumentaba que había cumplido con la legalidad Precisamente ayer, el secretario federal de Política Municipal del PSOE, Alfonso Perales, recurrió a la rotura de la balsa de residuos tóxicos de Aznalcóllar y a la caída del muro de la avenida de Miraflores para comparar el modo de reaccionar del PSOE y del PP ante los distintos acontecimientos, informa Antonio Hernández-Rodicio. "En Aznalcóllar se rompió una balsa de residuos tóxicos y tuvo consecuencias para el medioambiente, pero, afortunadamente, no murió nadie. La reacción inmediata del ministro Arenas fue dar instrucciones a sus dirigentes populares para que pidieran de inmediato la dimisión de hasta tres consejeros de la Junta", afirmó Perales. El secretario de política municipal socialista contrapuso la reacción del PSOE "ante la muerte de cinco personas en Sevilla, con responsabilidad directísima del Ayuntamiento de esta ciudad, que es propietaria del 57% del solar". Según explicó, la iniciativa de su partido se ha limitado "a pedir que se abra una comisión de investigación y no a pedir ninguna dimisión, al menos hasta que no se establezcan responsabilidades políticas". La misma canción se escuchó a raíz del vertido de aguas ácidas de las balsas de fosfoyesos. Mientras la Junta le restaba importancia, la empresa Fertiberia, que viene virtiendo sus residuos desde hace 30 años en esa zona, subrayaba que fue el viento el causante de un intenso oleaje que desbordó los muros de contención. Un tercer caso de ausencia de mea culpa. Y un tercer caso en el que un muro sólo ha causado lamentaciones y en el que al final, un juez tendrá que decidir quiénes son los culpables: los dueños de los muros o quienes tenían que velar por la seguridad de los ciudadanos.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 09 de enero de 1999.

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