Urbanismo pretende legalizar varios edificios de Oropesa cuyo derribo parcial exigieron los jueces

El edificio París, construido en el paseo marítimo de Oropesa bajo el control del arquitecto Norberto Gimeno, hermano del alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, se proyectó con un exceso de edificabilidad. Así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y así lo ratificó el Supremo, que ordenó el derribo parcial del mismo. Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) pretende permitir al Ayuntamiento de Oropesa modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar éste y otros dos edificios amenazados por la piqueta, cuestionando y desobedeciendo los criterios jurídicos y la orden de los jueces.

En un reciente informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, firmado por su secretario, Fernando Renau, este organismo dependiente de la COPUT da el visto bueno a la modificación del sector noroeste del PGOU, aprobada por el Consistorio en agosto pasado. En concreto, la comisión emite un informe favorable a la modificación del plan general y eleva la propuesta de aprobación definitiva al consejero, José Ramón García Antón. Por tanto, si el preceptivo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo también resulta favorable, sólo faltará la firma del consejero para que el Consell salve de la demolición las construcciones, ya terminadas y habitadas. Entre otros objetivos, la modificación del plan perseguía la "legalización de actuaciones urbanísticas irregulares". En concreto tres. Sobre la primera de estas, el edificio París, terminado a principios de esta década, pesa una sentencia del TSJ de 1995 y la ratificación del Tribunal Supremo en 1997, que ordena su derribo parcial. A la vera del París se levanta otro edificio, el Sol d"Or, cuyo arquitecto fue en este caso el alcalde castellonense, José Luis Gimeno. El propio Ayuntamiento de Oropesa ordenó su demolición por haber sido construido demasiado próximo al paseo marítimo, en concreto, 5,5 metros más cerca de lo permitido por el PGOU. El tercer edificio irregular, próximo pero no en primera línea de playa, es el Bernal, cuya licencia de construcción fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia. A juicio de los magistrados, el edificio implicó la alteración puntual del PGOU por el que se cambiaba el emplazamiento de una zona verde sin el preceptivo informe del Consejo de Estado (se permutó la zona verde en primera línea de playa por el edificio). Para "legalizar" los edificios, la Comisión Territorial acepta los cambios de ordenanzas propuestos por el Consistorio. Así, para corregir el París, se pemite la "acumulación de volúmenes" de forma que no sólo se tome como referencia (para el cálculo del volumen total del edificio) la superficie del solar "sino también la de las zonas verdes y dotaciones". De esta forma, la Comisión Territorial no se siente supeditada a las decisiones judiciales. En el informe favorable, en referencia al París se puntualiza que "la ilegalidad decretada por el Tribunal no puede tenerse como manifiesta, ya que no es patente, notoria o evidente" y se afirma que "son razonablemente posibles interpretaciones alternativas, no siendo arbitraria ni caprichosa, ni carente de argumentos a favor, las sostenida por el Ayuntamiento". Este criterio es rebatido por el abogado José Luis Ramos, del Instituto de Defensa y Estudio Ambiental, que ha elevado un escrito a la consejería en el que defiende que, "ante distintas opiniones, la Administración podrá elegir, pero ante los tribunales tiene que quedarse muda". Y aún es más concluyente: "La competencia de los tribunales es exclusiva y excluyente". Y categórico: "Pretender corregir la interpretación que un tribunal hace a un supuesto dado, respecto a derecho aplicable, es propio de repúblicas bananeras, de ignorantes del derecho o de quienes en el ejercicio de sus funciones públicas se creen que están por encima de la ley". Otro de los argumentos discutidos es que el informe de la consejería puntualiza que "si la modificación no se aplicara a este inmueble [el París], las consecuencias serían la demolición parcial de un bloque de apartamentos que, en la actualidad, pertenecen a terceros adquirientes de buena fe". Ramos asegura que a los "afectados se les otorgó el título de propiedad, con manifestación expresa de la carga que soportaba el edificio, de estar pendiente de sentencia por haberse edificado con exceso de volumen".