Los abogados critican el olvido de los avances informáticos en el proyecto de Enjuiciamiento

Un proyecto de ley de Enjuciamiento Civil pone en peligro el completo desarrollo del programa del Gobierno vasco para que los abogados puedan intercambien documentos con los juzgados de Euskadi a través de ordenador. Según denunció ayer el decano del Colegio de Abogados de Álava, José Vidal Sucunza, el proyecto legislativo, ya e n el Congreso, no prevé autorizar este tipo de avances informáticos en la Justicia. De mantenerse, el nuevo servicio abierto hoy en Vitoria, el primero en España, podría tener un desarrollo efímero.

Los abogados de Álava pueden utilizar desde hoy un nuevo sistema de información para conocer, a través de unos ordenadores ubicados en su Colegio oficial, cómo marchan sus respectivos casos en el juzgado. Dentro de un mes el programa se instalará en Vizcaya y Guipúzcoa. Esta actuación forma parte de un plan del Gobierno vasco (ver EL PAÍS, 29 de noviembre de 1998), cuya última fase pretende instaurar para el año próximo un sistema por el cual cada abogado pueda enviar y recibir documentos del juzgado desde la terminal de su despacho. Este avance, sin embargo, no puede aplicarse ahora mismo porque la legislación no lo autoriza. El Ministerio de Justicia pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y ya ha enviado un proyecto al Congreso, un texto criticado por varios estamentos. Los abogados afirman que es regresivo y que prohíbe el desarrollo de un diálogo informático entre juzgados y profesionales, tal y como prevé el Gobierno vasco. "La Ley de Enjuiciamiento Civil", censura el decano de los abogados alaveses, José Vidal Sucunza, "debería apuntar al siglo XXI y no como hace desgraciadamente ese proyecto, que parte de un principio básico: eliminar en lo posible la intervención del abogado y con ello, las garantías que supone para el propio cliente la presencia del letrado". El plan del Gobierno vasco consta de tres fases. La primera, puesta en marcha hoy en Vitoria, permitirá a los 700 colegiados de Álava -y a los 5.000 de todo el País Vasco a partir de febrero- obtener información sobre la marcha de sus casos en el juzgado, así como otros asuntos de índole general. Cada abogado dispondrá de una tarjeta personal que garantiza que sólo él puede acceder a sus datos. Este mes se sumará a esta iniciativa el Colegio de Procuradores. La segunda fase permitirá a los usuarios obtener la información sin necesidad de acudir al Colegio. A partir del verano, bastará con conectarse desde su despacho a través de Internet. Las dos actuaciones requerirán una inversión total de 50 millones. Una tercera fase, la más ambiciosa -y obstaculizada por el proyecto del Gobierno del PP-, consiste en el diálogo informático entre los juzgados y los abogados, de modo que ambos puedan intercambiarse documentos y donde las firmas estén compulsadas. Este sistema ahorraría papeleo y tiempo en la Justicia. El ministerio, en cambio, no prevé autorizar trámites burocráticos distintos a los tradicionales. A falta de que el Congreso inicie el debate del proyecto, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española se han anticipado mostrando su "rechazo rotundo". "Soy de los que creen", dice Vidal Sucunza, "que los legisladores no deben pensar en eliminar al abogado, sino tomar nota de los avances logrados en Álava y todo el País Vasco, y verán cómo esos procedimientos, que a ellos se les eternizan, nosotros los resolvemos en menor tiempo gracias a las nuevas tecnologías".