El Defensor del Pueblo pide que el proceso ante el juez no dañe al menor víctima de agresión sexual

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha pedido al Ministerio de Justicia que promueva los cambios legislativos necesarios para evitar que el proceso judicial convierta en más víctima aún al menor objeto de agresiones sexuales. Por otra parte, ayer un grupo de expertos se reunió en la sede del Defensor del Menor de la comunidad de Madrid para proponer medidas de protección a los menores en los juicios por abusos sexuales, que también fueron anunciadas por el fiscal jefe de Cataluña.La decisión de Álvarez de Miranda se produjo a raíz de que la madre de dos hijas agredidas sexualmente por su padre se dirigiera al Defensor del Pueblo "desesperada", según fuentes de la institución, porque el Tribunal Supremo había anulado la sentencia, por no haberse realizado la declaración de las menores de forma "confrontada con su padre". Fue precisamente esa sentencia del Supremo -que ordenó repetir el juicio- la que invocó un abogado en un reciente juicio en Barcelona, para lograr con éxito que una menor declarara en presencia de sus tres agresores adultos, lo que originó un ataque de nervios de la niña y una oleada de reacciones de juristas y otros expertos (véase EL PAÍS del 16 de diciembre último).

El Defensor del Pueblo, además de sugerir una reforma legal a Justicia, mostró su preocupación al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y ha comenzado a trabajar en una recomendación para ofrecer, entre otras soluciones, un circuito cerrado de televisión, de forma que en la sala de vistas se pudiera visualizar la imagen del menor y formularle preguntas, sin que la niña vea a su agresor. Otra propuesta es que se graben las declaraciones primeras, tras la comisión del delito, y se visualicen ante el tribunal.

Mediación del psicólogo

El Defensor del Pueblo sugerirá también "que ni el abogado ni el juez puedan formular preguntas de forma directa al menor víctima de una agresión sexual, sino sólo a través del psicólogo", según las fuentes antes citadas.Precisamente una psicóloga de la Clínica Médico Forense de Madrid, Blanca Vázquez, remitió el pasado 6 de diciembre un informe al adjunto primero del Defensor del Pueblo, Antonio Rovira, que describe cómo en los casos de abusos sexuales a menores "la segunda victimización se realiza a través del procedimiento judicial". Este documento, fruto de la experiencia de Vázquez, será utilizado por el Defensor del Pueblo, según sus asesores, para la recomendación que prepara.

Vázquez recuerda que al via crucis de la víctima menor por hospitales, comisarías y juzgados, en los procesos citados se añade que los testimonios de los niños suelen ser "abierta o veladamente puestos en entredicho por el abogado de la defensa", ante lo cual considera que hay que acabar con "esta situación de flagrante maltrato institucional". Propone formación y asesoramiento suficiente.

Por otra parte, el psicólogo Javier Urra, Defensor del Menor de la comunidad de Madrid, tras una reunión celebrada ayer por representantes sanitarios, de la fiscalía de menores, policía y organizaciones protectoras de las víctimas de agresiones sexuales, declaró que en los juicios por abuso sexual debe utilizarse un cristal que sea opaco por un lado y transparente por el otro. También se propuso modificar la ley procesal penal para adaptar la práctica de la prueba a las características del menor.

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, declaró ayer: "No debemos resignarnos de una manera fatalista a que lo que dice el Supremo no se puede alterar". Aseguró que, si actualmente existe un debate político sobre la necesidad de modificar o no la Constitución, con más razón puede hablarse de cambiar la doctrina del Tribunal Supremo, según informa Pere Ríos. Mena precisó que, en todo caso, la fiscalía estudiará soluciones para evitar a los menores "el plus de impacto que supone el juicio oral".

El Defensor del Pueblo de Cataluña, Anton Cañellas, se sumó a las críticas a la sentencia del Supremo y deploró que "las normas procesales vigentes no prevean la separación de la víctima infantil y su presunto agresor".