El Supremo propone indultar a Barrionuevo y Vera en dos tercios de sus penas de diez años

El Tribunal Supremo acordó ayer informar a favor del indulto de José Barrionuevo y Rafael Vera en dos tercios de sus penas de diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. Asimismo, estima que deben reducirse los efectos que puedan tener las condenas de inhabilitación absoluta. De este criterio se benefician todos los condenados, excepto los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, a los que el Supremo ve suficientemente beneficiados por su salida de la cárcel. De decretarse el indulto por el tiempo propuesto, Barrionuevo y Vera podrán quedar pronto en libertad condicional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer, por consenso de los once magistrados que juzgaron el caso Marey, remitir al Gobierno un informe favorable al indulto en dos tercios de sus penas de todos los condenados, excepto los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. Si el Gobierno asumiera ese criterio, que no es vinculante, José Barrionuevo, ex ministro socialista del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, verían reducidas sus condenas de diez años a tres años y cuatro meses, lo que les permitiría salir en breve en libertad condicional.El informe del Supremo fue acogido con satisfacción en el PSOE y con cautela en el Ejecutivo, cuyo portavoz, Josep Piqué, aseguró ayer que "no tienen nada que decir, excepto su respeto a las decisiones judiciales". Piqué también reiteró que el Gabinete de José María Aznar "no va a hacer consideración específica a unos determinados indultos y va a darles el mismo tratamiento que a todas las peticiones".

Cuatro horas de debates

Los jueces llegaron a su acuerdo tras cuatro horas de duros debates. Las posiciones no fueron unánimes, pero su informe no contendrá votos particulares discrepantes.La primera de las discusiones surgió al debatir los magistrados la segunda de las "cuestiones previas" esgrimida por el fiscal José María Luzón, relativa a la prohibición del indulto a los miembros del Gobierno por delitos en el ejercicio de sus funciones.

El propio Luzón había considerado la posibilidad de interpretar que tales delitos eran los consignados en el párrafo anterior -traición y delitos contra la seguridad del Estado-, en cuyo caso Barrionuevo no quedaría afectado.

Un sector de los jueces estimó preferible no decir nada en el informe, lo que, en la práctica, equivaldría a dejar al Ejecutivo en libertad de aplicar o no a Barrionuevo la prohibición del indulto.

Sin embargo, el asunto se solventó en favor de la tesis contraria, para lo cual el informe al Ejecutivo dirá que la Sala Segunda no encuentra objeciones para emitir su dictamen. Esta fórmula implica que el Supremo excluye la sugerida por Luzón y apoyada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Otra de las divergencias se centró en la cuantía de las penas a indultar. Según fuentes del Supremo, algunos magistrados se mostraron partidarios del indulto total y otros tres apoyaron una reducción diferente e inferior a la de los dos tercios finalmente acordada. Al cabo, sin embargo, se informó sobre una reducción de dos tercios como "fruto de un acercamiento" entre todos.

A dicha aproximación no fue ajeno, según otras fuentes, el indulto del que fuera líder de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, al que, por su condena de siete años, la reducción de los dos tercios y la suma de los cinco meses que cumplió en prisión preventiva por orden del juez Baltasar Garzón y los otros tres que lleva cumplidos le situarían en libertad condicional en el mismo momento en que el Ejecutivo aprobara el indulto.

Vera, que pasó en prisión preventiva un periodo similar al de Damborenea, también se beneficiaría de una excarcelación prácticamente inmediata, ya que tendría acceso a la libertad condicional si su condena se reduce y se le añade el tiempo ya cumplido.

A Barrionuevo, que no estuvo en prisión preventiva, le faltarían unos tres meses para llegar a la libertad condicional, pero podría ser excarcelado por el Tribunal Constitucional si éste accediera a dejar en suspenso su condena al ser inferior a seis años, en aplicación del mismo criterio del que se beneficiaron cuatro de los ex policías condenados.

El informe del Supremo argumentará que se ha reducido la "alarma social" al haber transcurrido 15 años desde los hechos.

Otra de las consideraciones se refiere al "abandono de las armas por los GAL" desde hace más de una década, lo que denota la voluntad de los poderes públicos de acabar con las prácticas ilegales en la lucha antiterrorista.

El Supremo expondrá también que la propia sentencia y la ejecución de la misma, con el ingreso en prisión de todos los condenados, "ha venido a restablecer el orden jurídico perturbado".

Según Efe, aunque no tuvieron en cuenta la actual tregua de ETA, los magistrados reconocieron que en el tribunal había "cierta voluntad de distensión" y de llegar al consenso.