La Junta recurrirá la ley del Parque Nacional de Sierra Nevada si el Gobierno no cede la gestión

La declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional lleva camino de convertirse en un nuevo elemento de fricción jurídica entre los Gobiernos andaluz y estatal. El consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, cree "previsible" la presentación de un recurso contra esta ley, aunque dependerá del resultado de la negociación que mantienen los responsables ambientales del Ejecutivo central y la Junta para desbloquear asuntos espinosos, entre los que se incluyen la gestión de Doñana y, ahora, Sierra Nevada, el segundo Parque Nacional andaluz.

Blanco considera que el texto aprobado vulnera el acuerdo adoptado por el Parlamento andaluz por unanimidad. Una interpretación compartida por el PSOE, que ya anunció el miércoles, tras la ratificación de la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional en el Congreso, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley, al considerar que invade competencias de la Administración andaluza. Sin dar por hecho el recurso del Gobierno andaluz, Blanco indicó que "es previsible", en línea con el presentado en 1997 ante el Tribunal Constitucional por la gestión del Parque Nacional de Doñana. "Pensamos que el personal y el presupuesto le corresponde administrarlo a la Junta de Andalucía", explicó. La duplicidad actual, agregó, es "disparatada" y "confusa". La decisión definitiva de la Junta depende del resultado de las negociaciones que mantienen altos cargos de la Consejería y el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar las diferencias existentes sobre la financiación de actuaciones forestales; la transferencia de fincas adquiridas por la Administración central o la gestión de los Parques Nacionales. Si se alcanza un grado de consenso sobre este aspecto, la Junta podría renunciar al recurso, según fuentes de Medio Ambiente. De lo contrario, el Gobierno andaluz respondería con el recurso y una ley sobre Sierra Nevada, similar a la que se tramita para Doñana. El anteproyecto de esta ley podría ser aprobado, según cálculos de Blanco, el próximo 18 de enero. El consejero admitió ayer que la exclusión del último Consejo de Gobierno pretendía "no añadir combustible al incendio", en alusión al momento tenso que atravesaban hasta ayer las relaciones Junta-Gobierno por el endeudamiento de 1999. Blanco visitó ayer la finca Valdegallina, en Aznalcázar (Sevilla), donde se está desarrollando un tratamiento experimental con carbonato cálcico para frenar la acidificación y neutralizar los metales pesados, que aún resten del vertido de lodos tóxicos. Esta parcela, de 28 hectáreas, servirá de ensayo para el futuro diseño del corredor verde del Guadiamar, que incluirá vegetación de marisma, ribereña y especies mediterráneas. Los proyectos de reforestación de la zona costarán alrededor de 4.000 millones de pesetas. El consejero de Medio Ambiente recordó ayer que la Junta reclamará a Boliden-Apirsa la cantidad invertida para limpiar y retirar los lodos, que suman unos 18.000 millones de pesetas. El coste de la adquisición de fincas y la creación del corredor verde, presupuestado en unos 14.000 millones, correrá a cargo de las arcas autonómicas.