Los reversionistas quedan relegados de la Operación Chamartín

Los reversionistas de la Operación Chamartín tendrán que esperar para poder exponer sus reclamaciones a los responsables de la intervención urbanística más importante en Madrid. El consejo rector de esa operación, en el que participan la Comunidad, el Ayuntamiento y Fomento, acordó ayer, tras hora y media de reunión, que "no procede mantener contacto alguno con teóricos titulares de expectativas de derecho de reversión".

El galimatías técnico-jurídico- burocrático en el que se ha convertido la Operación Chamartín afloró ayer claramente al término de la reunión del consorcio creado para controlar el desarrollo de la intervención urbana más importante en Madrid con vistas al siglo XXI. Este ambicioso proyecto implica la reordenación de la estación de Renfe que divide ese distrito, así como la prolongación del paseo de la Castellana desde el nudo de La Paz hasta la M-40. Una operación que se pagará con las plusvalías generadas al recalificar los actuales terrenos ferroviarios como edificables.El consorcio, integrado por las tres administraciones para supervisar el trabajo de la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (creada por Argentaria y Renfe), abordó ayer por primera vez el problema planteado por los reversionistas (antiguos titulares del suelo expropiado en su momento por Renfe que pueden reclamar ahora sus derechos sobre los terrenos que dejen de ser de uso ferroviario). El comunicado emitido por el consejo rector del consorcio, presidido este año por el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, en representación de la Comunidad, señala textualmente que "en todo momento se velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia urbanística y administrativa". "Por ello", continúa, "no procede mantener contacto alguno con teóricos titulares de expectativas de derechos de reversión". El consejo manifiesta "asimismo unánimemente su clara y decidida voluntad de llevar la Operación Chamartín adelante como estaba prevista".

Una afirmación que resulta paradójica, ya que los derechos de los reversionistas, ejercidos judicialmente, pueden afectar a la viabilidad económica del proyecto. De hecho, Argentaria ya tiene acordado con algún reversionista contraprestaciones económicas.

Pasillo Verde

El PSOE cree, por su parte, que la Operación Chamartín debe ser totalmente pública y llevarse adelante merced a un consorcio similar al del Pasillo Verde. "La empresa Duch, filial de Argentaria, espera unos beneficios netos de 250.000 millones de pesetas, cuando en una operación similar, la del Pasillo Verde, que se hizo con el PSOE al frente del Ayuntamiento, no hubo beneficio alguno: todas las plusvalías se reinvirtieron en las infraestructuras", explica Juan Barranco, portavoz socialista en el Ayuntamiento.Para solventar las diferencias entre las dos actuaciones sobre suelo ferroviario, el PSOE va a pedir tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad que se expropie el suelo comprometido en la Operación Chamartín.

"Cuando Renfe adjudicó la operación a Argentaria, ésta era una entidad pública y actuaba sobre 870.000 metros cuadrados. Posteriormente, con Argentaria ya privatizada, se amplió en un millón más de metros cuadrados. Ruiz-Gallardón hace juego sucio para desviar la atención del pelotazo que ha hecho el PP a Argentaria. Lo único que van a hacer los reversionistas es pedir lo que la ley dice que les pertenece", concluye Barranco.