El PP no puede pagar guardaespaldas privados a todos sus cargos en el País Vasco

Algunos de los 212 cargos electos vascos del PP no dispusieron ayer de ninguna protección por primera vez en casi un año. La Consejería vasca de Interior retiró, como había avisado, su custodia a los últimos 30 dirigentes populares, los más amenazados, acompañados hasta ahora por ertzainas. La Policía Nacional y la Guardia Civil asumieron su vigilancia y la de otros políticos, pero no la de todos. El PP seguirá pagando escoltas privados para más del 50% de sus cargos en Euskadi pero no puede afrontar el coste millonario de cubrir con guardaespaldas a todos los afectados.

La dirección del PP se debate entre su obligación de arropar a sus dirigentes y su deseo de no aparecer como unos victimistas que sacan provecho electoral de la tragedia. Además, constatan un problema estrictamente económico: El PP no puede pagar ni con sus fondos ni con la cuestación voluntaria abierta hace casi un año la sangría millonaria que significa escoltar a todos sus cargos.El 26 de enero de 1998, tras los asesinatos por ETA de los ediles José Luis Caso y José Ignacio Iruretagoyena, la Junta Directiva Nacional del PP aprobó abrir una cuenta en Argentaria para la colaboración particular en la protección de sus dirigentes vascos. Esa cuenta sigue abierta y registrando ingresos. El PP se niega a facilitar datos sobre esta operación, tanto sobre su cuantía global como sobre el número de miembros que pueden ser protegidos por escoltas privados gracias a esas aportaciones.

Ese secretismo resalta el estado de preocupación y cautela con que sigue viviendo el PP el escenario político vasco. Pese a la tregua anunciada por ETA el 16 de septiembre, en el PP nadie cree aún que la paz vaya a ser irreversible y se remiten a las algaradas callejeras y a las amenazas públicas y privadas contra sus representantes políticos. Ayer mismo, miembros de Gestoras Pro Amnistía se manifestaron frente al domicilio en Bilbao del diputado nacional del PP Antonio Merino.

Esta actitud podrá ser sancionada a partir de ahora, según informó ayer un portavoz del Departamento de Interior a Europa Press. Las personas que protagonicen concentraciones de protesta frente a domicilios o lugares de trabajo de cargos públicos del PP para denunciar la dispersión de los presos vascos podrán ser multados con entre 50.000 a 500.000 pesetas, según la gravedad de los casos.

A los manifestantes que protagonicen este tipo de actos, promovidos habitualmente por Senideak y Gestoras Pro Amnistía, se les podrá abrir expediente sancionador en base a la Ley Orgánica 1/92 del 21 de febrero sobre Protección Ciudadana.

Ayer se produjeron varias identificaciones, que podrían acabar en sanción, en Santurtzi, Bilbao, Getxo y Vitoria. En todos los casos, grupos de personas se manifestaban frente a los domicilios o lugares de trabajo de cargos electos populares en protesta por la dispersión de los presos de ETA. Los máximos dirigentes del PP criticaron ayer la decisión de la Consejería de Interior vasca de retirar definitivamente a los ertzainas que acompañaban hasta ahora a unos 30 cargos electos. Desde el Gobierno se aseguró que esos cargos serán custodiados ahora por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, tachó de "muy imprudente" la medida adoptada por la consejería que ahora dirige José Manuel Martiarena, aunque le concedió la posibilidad de tener datos que el Gobierno desconoce para justificar su "arriesgada" actuación.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja fue menos condescendiente y señaló en RNE que el comportamiento de Martiarena va "contra la lógica y el sentido común". Y agregó: "El Gobierno ya ha adoptado las medidas que en ese terreno creía indispensables para acrecentar la seguridad de los concejales del PP en el País Vasco y estoy seguro de que el PP adoptará también medidas que complementen, suplementen o incrementen la seguridad".

El coordinador general del PP, Ángel Acebes, ratificó que el partido ya ha aplicado esas "medidas complementarias", que se traducen en contratar el mayor número posible de escoltas privados.

Acebes denunció como "difícilmente explicable el cambio de actitud" del Gobierno vasco, que hace unos meses insistió en que le correspondía la competencia sobre la protección de estos responsables del PP, y no sólo no encuentra ninguna razón para variar ahora el panorama sino todo lo contrario. Además, deseó a Martiarena que "no ocurra nada en los próximos días de lo que tenga que arrepentirse".

Cuatro detenidos en Bilbao

Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas anoche por la Ertzaintza en Bilbao acusadas de desórdenes públicos, después de que presuntamente cruzaran e incendiaran varios contenedores de residuos, según ha informado la policía vasca. Los hechos se iniciaron sobre las nueve de la noche, cuando un grupo de individuos encapuchados cruzó y prendió fuego a varios contenedores en la calle Zabalbide, en el barrio bilbaíno de Santutxu. Los arrestados, cuya identidad corresponde a las iniciales I.Z.R., I.F.A., D.G.J. y X.P.M., han sido trasladados a dependencias policiales.