Un consejero crispado

El consejero de Sanidad tuvo que aguantar solo el chaparrón parlamentario. Ninguno de sus compañeros del Consell acudió para arroparlo y el Grupo Popular tampoco estuvo para hacerle la claque. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP -que votó en contra- y el diputado de Iniciativa de Progreso Rafael Ferraro -que se abstuvo-, votaron a favor de la creación de una comisión de investigación propuesta por Esquerra Unida-Els Verds. El diputado Alfred Botella calificó de lógico que se abra una investigación a fondo sobre las causas del contagio para "dar claridad a la opinión pública y a todas las personas afectadas, que sufren las consecuencias de una política sanitaria inadecuada". El parlamentario de EU-EV argumentó que junto a las responsabilidades penales, que dependen de la actuación de la Justicia, existen responsabilidades políticas que debe determinar la Cámara. "En cualquier país democrático que se precie, por menos cosas de las que ha llevado a efecto el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, habría sido destituido ya", sentenció Botella. Por parte del PP, Alejandro Font de Mora aseguró que todo lo que se podría aclarar en una comisión de investigación ya está resuelto, y que las "incógnitas que flotan sobre el caso no se van a poder dilucidar en el ámbito parlamentario, dado que son de carácter científico y legal". Font de Mora esgrimió que la comisión podría convertirse en un juicio paralelo y recalcó que el foco de la enfermedad se inició en 1994 -durante el gobierno socialista- y que duró hasta 1998 porque escapó a todos los controles de vigilancia. El diputado popular acusó a la oposición de sacar provecho político de una situación provocada por "imponderables". Para explicar su afirmación utilizó como ejemplo, no muy afortunado, la muerte de Lady Di. Font de Mora se preguntó retóricamente "¿quién tuvo la culpa de que el chófer estuviera borracho?". Los argumentos del PP no hicieron temblar el pulso a los cuatro diputados de Unión Valenciana que votaron a favor. El regionalista Filiberto Crespo, guión en mano, explicó la decisión de su grupo por cuatro razones: "la gravedad del asunto, la confusión generada por las explicaciones de la Consejería de Sanidad, la pérdida de visión de un análisis de conjunto al llevarse el tema a los tribunales en los que los responsables buscan su exculpación y la tradición de UV de llevar los debates a la Cámara". La socialista Francisca Benavent explicó su apoyo a la comisión de investigación porque fue el departamento de Farnós el que desarrolló el sistema de vigilancia de salud pública en 1997 y éste falló en el control del brote de hepatitis C, una enfermedad que es de declaración obligatoria. Benavent relacionó el fallo de la red de vigilancia con el interés de Farnós por desviar pacientes a la sanidad privada sin los debidos controles. Pedro Zamora, de Nova Esquerra, argumentó que para su partido "existen claros indicios racionales de responsabilidad política en la extensión del foco de hepatitis C porque la Consejería de Sanidad lo ocultó poniendo en riesgo a nuevos pacientes". Farnós acusó al PSPV y EU-EV de utilizar el tema con fines electoralistas y a UV de votar en contra de su propio gobierno. El consejero, que achacó el brote a los socialistas, dijo que los ciudadanos ya saben lo que pasó gracias al informe de los expertos difundido por él mismo.