El PP aprovecha el trámite presupuestario en el Senado para cambiar 25 leyes e impuestos

El Grupo Popular del Senado ha aprovechado el trámite presupuestario en la Cámara Alta para realizar varias modificaciones de calado que afectan a 25 leyes, varios decretos y la mayoría de los impuestos. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha presentado en total 110 enmiendas a la denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999. Entre ellas destaca la compensación a las eléctricas por valor de un billón de pesetas, las fundaciones para gestionar los hospitales públicos y el nuevo sistema de financiación de los ayuntamientos. Desde el PSOE se considera que esta estrategia persigue evitar el debate parlamentario sobre modificaciones de gran calado político y económico.

Ya el pasado año el Grupo Parlamentario Popular del Senado batió un récord histórico al presentar una enmienda de 40 páginas por la que se modificó todo el régimen funcionarial de la Hacienda pública. Para los Presupuestos de 1999, el PP ha vuelto a utilizar este mismo procedimiento, aunque con mayor amplitud.Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, el Gobierno se asegura que todas estas modificaciones serán aprobadas. Queda sin embargo el trámite del Congreso, pero éste sólo puede aceptar o rechazar sin variar los textos remitidos por el Senado sin apenas tiempo para el debate. En el Congreso, el PP debe contar con los votos de sus aliados nacionalistas.

El procedimiento de modificar un buen número de leyes importantes en el Senado convierte la Ley de Acompañamiento en una especie de cajón de sastre que llega a enmarañar el ordenamiento jurídico. Plantea también el problema de que no se tiene tiempo material para entrar a fondo en el debate de las modificaciones más importantes.

El PSOE ha denunciado esta táctica del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, al considerar que así se comete "un fraude" a los ciudadanos, y "se hurta a las Cámaras" el debate sobre modificaciones normativas que requerirían leyes específicas, según explicó su portavoz, Juan José Laborda.

"Ley armario"

La utilización de la Ley de Acompañamiento como ley armario donde se cuelga todo aquello que el Gobierno quiere sacar adelante sin la lentitud y profundidad de los trámites habituales no es nueva. Se instauró siendo ministro de Economía Carlos Solchaga durante el mandato socialista después de que el Tribunal Constitucional obligara a que no se empleara la Ley de Presupuestos sólo para modificaciones que tuvieran que ver con partidas de gastos e ingresos.Con la Ley de Acompañamiento, que se tramita al tiempo que la de Presupuestos, lo que siempre se persigue es colocar todo lo que no puede entrar en la ley madre. Al Gobierno del PSOE le sirvió sobre todo para hacer concesiones de última hora a CiU.

En teoría debe utilizarse sólo para incluir medidas relacionadas con los Presupuestos, caso de actualización de pensiones o el recientre acuerdo sobre cotizaciones sociales entre Gobierno y CCOO. Pero en muchas ocasiones esta ley armario se usa cada vez más - especialmente durante el trámite del Senado, con menos trascendencia pública que el del Congreso- para incorporar modificaciones de lo más variopinto. La que se tramita ahora para 1999 modificaba, según lo aprobado inicialmente por el Gobierno a finales de septiembre pasado, una ley orgánica (Ordenación General del Sistema Educativo), 27 leyes ordinarias (Integración Social de Minusválidos, Planes y Fondos de Pensiones, Ordenación de los Transportes Terrestres, Televisión Privada, entre otras), cinco reales decretos legislativos, un real decreto ley y un real decreto.

Las enmiendas introducidas en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular modifican 25 leyes. Las menos coinciden con el proyecto inicial con variaciones añadidas y la mayoría son nuevas. Entre éstas se encuentran la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Eléctrica, la Ley del Deporte o la Ley del Mercado de Valores. Además del sistema de compensación para las eléctricas por valor de 1,03 billones, algunas de los cambios más importantes son los siguientes: Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se presentan dos enmiendas (una de 22 páginas y otra de 17) que responden a las negociaciones que el Gobierno ha mantenido con la Federación Española de Municipios y Provincias al objeto de establecer el sistema de financiación de los ayuntamientos para el periodo 1999-2003. En ella se detallan las condiciones en las que los ayuntamientos pueden acudir a los mercados para financiar inversiones. También se contempla la necesidad de elaborar un escenario de consolidación presupuestaria que fije límites al déficit de estas administraciones. Se establece en 895.586 millones la financiación que recibirán los ayuntamientos en concepto de participación en los ingresos del Estado.

Fundaciones públicas sanitarias y Ley del Medicamento. A través de una enmienda de 6 páginas, el PP da un vuelco a la actual gestión de los hospitales dependientes del Insalud. Se crea la figura de las fundaciones públicas sanitarias, a las que se les permite cierta libertad de funcionamiento en cuanto a contratación de bienes, servicios y personal. El objetivo es, según la justificación de la enmienda, "responder a las críticas infundadas sobre la privatización de la sanidad". El PSOE entiende que precisamente es ésta la vía la que se abre. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, comparecerá en el Senado el próximo 10 de diciembre para dar explicaciones al respecto. Igualmente, se modifica la Ley del Medicamento en lo que respecta a la autorización de especialidades farmacéuticas.

Ley del Deporte. En una enmienda de 18 páginas se regula todo el funcionamiento de las sociedades deportivas. Aquellas que cumplan los requisitos de solvencia establecidos, podrán acudir a los mercados de valores en un plazo de tres años.

Ley del Mercado de Valores. A través de dos enmiendas se refuerzan las potestades sancionadoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrá ejercer su función de control sobre un mayor número de sociedades. También se amplían las obligaciones de información por parte de las sociedades que cotizan en Bolsa. Las modificaciones afectan a una ley que se aprobó el pasado 28 de julio.

Ley de Televisión Privada de Ordenación de las Telecomunicaciones. En la primera se obliga a informar al Ministerio de Fomento de tomas de participación en sociedades concesionarias de televisión privada que supongan entre el 5% y el 45% del capital social (en el Congreso sólo se llegaba hasta el 20%). En la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones se regula la tasa por el uso del espectro radioeléctrico.

Normas tributarias. Las modificaciones de tipo tributario afectan prácticamente a todos los impuestos, aunque en la mayoría de los casos no de forma sustancial. Una enmienda de cinco páginas modifica algunos aspectos de la Ley de Impuestos Especiales en lo relativo, por ejemplo, a la responsabilidad solidaria en el tráfico aduanero. También se introducen cambios en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando en lo que respecta a los procedimientos para el decomiso. En el impuesto sobre el valor añadido se especifica el tratamiento de las subvenciones. Respecto del impuesto sobre la renta, se permite el establecimiento de una retención sobre las plusvalías generadas por fondos de inversión. Otra enmienda del PP remite a un futuro reglamento la regulación de las obligación de información a Hacienda de los notarios y registradores. También se modifican aspectos relativos al Régimen Económico Fiscal de Canarias.

Ley General de la Seguridad Social y otras normas laborales. La ley General de la Seguridad Social se modifica para permitir que las ganancias de poder adquisitivo de las pensiones, por resultar la inflación inferior a la prevista, no sean descontadas. Tras el acuerdo con CCOO, se plantean varias enmiendas para penalizar los contratos temporales y fomentar el empleo estable en determinados colectivos.