El Gobierno regional aprobó una nueva carretera sobre el parque del Sureste sin evaluar sus daños

La carretera que unirá el casco urbano de San Fernando con su polígono industrial se encamina hacia el campo judicial. La asociación cívico-cultural El Molino de San Fernando de Henares ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón por haber eximido la construcción de esta infraestructura de la obligatoria tramitación de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que atraviesa el parque regional del Sureste. El Gobierno argumenta en su defensa que lo hizo por cuestiones de urgencia.

La Consejería de Obras Públicas dictó el pasado 17 de febrero una resolución para someter a información pública esta nueva carretera de 5,1 kilómetros. No obstante, advertía que ya había solicitado al Gobierno que eximiese las obras de procedimiento de impacto ambiental."Ese anuncio de solicitar la excepción, que la ley prevé en casos muy excepcionales, nos causó gran extrañeza", dicen los denunciantes. "Ello revelaba", agregan, "que los órganos correspondientes habían decidido de antemano suprimir ese trámite.

Y lo confirmaba el hecho de que el presidente regional se había comprometido en noviembre de 1997, ante los alcaldes de la zona, a iniciar los trabajos en una fecha concreta: 1998. Naturalmente, para poder cumplir dicha promesa, era necesario acortar los procedimientos, y para ello nada mejor que suprimir el trámite de evaluación de impacto, con lo que se ganaban entre seis y nueve meses aproximadamente".

Reserva natural

Los denunciantes recuerdan que la carretera atraviesa "suelos y parajes especialmente protegidos". "Aproximadamente la mitad de la carretera discurre por el parque del Sureste, y más concretamente por una zona de reserva natural; pasa además sobre el río [Jarama] con un puente y, posteriormente, entra en una zona de explotación ordenada de los recursos del parque regional. Después entra en un área declarada por el plan general de San Fernando como no urbanizable y protegida de interés cultural por sus yacimientos arqueológicos".La asociación El Molino de San Fernando sostiene que la zona que cruzará la nueva vía estaba propuesta para convertirse en lugar de importancia comunitaria, bajo tutela de la Unión Europea. Añaden que la carretera no está recogida en el planeamiento urbanístico de San Fernando, "lo que obliga, más aún, a realizar el preceptivo y vinculante trámite de evaluación".

El pasado 23 de julio, el Gobierno eximió de estos trámites la infraestructura por cuatro motivos: se evitaría así que los camiones que se dirigen a los cercanos depósitos de Campsa tuvieran que pasar por el centro de San Fernando; sería "una alternativa" a la N-II, autovía ya muy congestionada; no existían otros trazados alternativos posibles para salvar el parque regional, y servirá "de unión" para un futuro desarrollo de San Fernando de Henares con su actual casco urbano.

El Gobierno añadió, en la citada resolución, que la Junta Rectora del Parque del Jarama (organismo formado por representantes del Gobierno, municipales y ecologistas) "informó favorablemente a la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental". Sólo se opusieron los representantes de los ecologistas. Pero los denunciantes replican que los motivos esgrimidos por el Gobierno son "de auténtica ficción". Argumentan que, si los camiones de Campsa pasan por el centro de San Fernando, esta empresa "estaría cometiendo una serie de graves infracciones al Reglamento del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera". Indican también que es "falso" que no existan alternativas a esta infraestructura, "porque todos los proyectos, obligados por la ley, deben incluir tres alternativas" y porque en el Plan de Estrategia Territorial no se refleja ningún desarrollo en ese lugar, "sino sólo una zona de especial protección para las aves, que no ha sido tenida en cuenta al redactar el proyecto".

Impresentable

Un portavoz de Ecologistas en Acción consideró ayer que "la exclusión del procedimiento de impacto ambiental por parte del Gobierno fue impresentable, ya que la carretera tiene un impacto considerable en la vega del Jarama. Es un mal precedente para el parque".El diputado socialista Armando García incide en que eximir de evaluación de impacto esta infraestructura es "impresentable" y demuestra que "Luis Eduardo Cortés [consejero de Obras Públicas] sigue haciendo lo que quiere en Madrid. No sé adónde vamos a parar. Si una carretera que atraviesa un parque no necesita estudios ambientales, que me digan qué infraestructura lo requiere". García ha pedido la comparecencia en la Asamblea del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, para que explique las "verdaderas razones" que llevaron al Gobierno a eximir la obra de los trámites medioambientales. Mayor Oreja no quiso pronunciarse sobre esta polémica hasta conocer la denuncia de los vecinos.