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El PP "olvida" una enmienda sobre el cuerpo de inspectores de Hacienda

La mesa sectorial de la Función Pública acordó el 3 de noviembre la integración de los inspectores de Hacienda en un cuerpo de inspectores de tributos para impedir la discrecionalidad de la Administración en los nombramientos y profesionalizar el servicio. El acuerdo disponía trasladar las modificaciones a la ley de la Función Pública "a la mayor brevedad posible". El debate de la ley de acompañamiento parecía el momento adecuado, pero el grupo popular olvidó presentar la enmienda correspondiente.

El acuerdo fue firmado por el subsecretario de Administración Pública, el director general de Presupuestos y el director general de la Función Pública con representantes de tres centrales sindicales. Fernando Castelló, portavoz del grupo popular, explicó que el pacto entre los altos cargos del Consell y los representantes sindicales no especificaba que la enmienda en cuestión tuviera que ser incluida en la ley de acompañamiento. "Quedó indeterminado", en palabras de Castelló. Los portavoces popular y socialista negociaron durante dos horas en presencia de representantes de la Federación de Servicios Públicos de UGT una posible enmienda transaccional que permitiera a los populares cumplir con lo dispuesto en el acuerdo del Consell. Gonzalo Fernández, de UGT, expresaba su perplejidad antes de la reunión: "Da la impresión de que el grupo parlamentario desautoriza al Consell". Y a la vista de la situación se preguntaba: "¿Vale la pena negociar con el gobierno autonómico?" Al término de la reunión Fernández expresaba su satisfacción, pero Antonio Moreno, portavoz socialista, no parecía tan convencido y aseguraba que la propuesta de los populares dejaba la puerta abierta a la discrecionalidad de la Administración autonómica en la designación de los inspectores porque admitía la posibilidad de que funcionarios en comisión de servicio o con adscripción provisional al servicio de inspección consoliden la plaza. Al margen de la creación del cuerpo de inspectores, el acuerdo entre el Consell y los sindicatos incluye posibilidades de promoción interna en el conjunto de la Función Pública y una suerte de funcionarización que se aplicaría a los empleados del Inem que sean transferidos a la administración autonómica. Pero el servicio de inspección tributaria no es el único caso polémico surgido en torno al debate de la ley de acompañamiento de los presupuestos. La Policía Local persigue desde hace meses una reclasificación laboral que se ha producido ya en buen número de sectores de la administración y que lleva aparejada una mejora salarial. El PP sugirió que una enmienda de la oposición en ese sentido podría ser aprobada, pero portavoces autorizados ya han advertido que la reclasificación sólo será posible tras una modificación de la actual ley, un proceso que podría dilatar mucho los plazos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de noviembre de 1998

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