El Gobierno regional traslada al juez la denuncia sobre intentos de fraude fiscal en la venta de suelo

El juez decidirá si investiga el intento de fraude fiscal en la venta de terrenos de Vicálvaro denunciado el pasado viernes en el Asamblea de Madrid por el gerente del Ivima, Juan José Franch. Este dirigente público, tras reunirse con su jefe, Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas, remitió ayer al juzgado de guardia un escrito en el que explica los pormenores de su denuncia. El Gobierno regional se anticipa así al PSOE, que anunció el domingo su intención de remitir a la fiscalía una copia del Diario de Sesiones donde se recoge la denuncia.

Franch explica en el escrito remitido al juzgado de guardia que la persona que recibió la oferta de los propietarios de la finca de Valdecarros (Vicálvaro) para pagar en dinero negro la mitad del precio de la operación (3.000 de los 6.000 millones por tres millones de metros cuadrados de suelo residencial) no es funcionario del Ivima. Se trató de un arquitecto que ejerció de intermediario, sin cobrar nada del Ivima, entre la Administración regional y los dueños del suelo para evitar, supuestamente, que se especulara con los terrenos.Cuando la negociación había terminado con un acuerdo sobre el precio, surgió el problema del pago. Los propietarios exigieron la mitad en dinero negro. El intermediario reveló entonces que representaba al Instituto de la Vivienda de Madrid y que un organismo público no podía abonar ni una sola peseta en dinero opaco al fisco. Aquí se frustró la operación y se armó el lío.

El diputado socialista Juan Antonio Ruiz-Castillo anunció el pasado domingo que su grupo remitiría a la fiscalía de Madrid y a la Agencia Tributaria una copia del Diario de Sesiones de la Comisión de Obras Públicas donde Franch reveló la peripecia inmobiliaria.

El Gobierno regional anunció, por su parte, que abrirían sendas investigaciones en la Consejería de Obras Públicas, responsable del Ivima, y en la Consejería de Hacienda por el intento de fraude fiscal.

El socialista Ruiz Castillo vaticina sorpresas: "A lo mejor resulta que la denuncia del gerente del Ivima es sólo la punta del iceberg de un mercado negro en torno a la venta de suelo de los nuevos barrios".

En las afueras de Madrid, el gobierno municipal, del PP, ha recalificado suelo para levantar más de 100.000 pisos, un negocio de más de dos billones de pesetas en manos privadas.