Los técnicos avalan la ruina del edificio del antiguo hotel Lauria
El Ayuntamiento de Valencia está a punto de aprobar la declaración de ruina del edificio situado en la esquina de la calle de Roger de Lauria con el Passeig de Russafa. Los informes técnicos avalan la petición de la familia Cotanda, propietaria del inmueble -el único de la plaza del Ayuntamiento que está sin rehabilitar-, que instó la declaración de ruina. El arquitecto Enrique Roig ha intentado, sin éxito por ahora, comprar el edificio.
La reciente aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto presentado por el constructor Bautista Soler para el solar del antiguo cine Lys parece haber alentado la posible intervención en el cercano edificio del antiguo hotel Lauria-Roma, en cuyos bajos funcionó hasta hace pocos años la cafetería Lauria. Sólo la pequeña calle de Mosén Femades separa ambas propiedades. En las últimas semanas habían circulado rumores acerca del interés de Soler y del arquitecto Enrique Roig por comprar el edificio. Éste, compuesto por planta baja y tres alturas, y con 4.359 metros cuadrados construidos, tiene un nivel de protección que obliga a mantener la fachada. La operación se justificaría por la posibilidad de conseguir un acceso alternativo y mejor situado al polémico aparcamiento subterráneo de los futuros cines Lys. Roig reconoció ayer su interés por el inmueble, que, aseguró "no está en ruina", y agregó que los técnicos han justificado la ruina económica, que no técnica, "hinchando" los precios de una posible reposición del edificio. Respecto a la compra, Roig afirmó que los propietarios "han puesto precios de escándalo". El arquitecto dijo que su idea, si pudiera comprar el edificio, es volver a abrir un hotel y, en los bajos, una galería comercial. "Para nosotros, está en ruina", manifestó, por su parte, Juan Cotanda. El presidente de Imper, SA, la empresa familiar propietaria del inmueble, negó que existan contactos para venderlo. "Estamos a la espera de que el Ayuntamiento declare la ruina", dijo Cotanda, quien tiene una idea parecida a la de Roig para el edificio, aunque ganándole dos plantas nuevas. Los propietarios del edificio del antiguo hotel -en cuyos bajos funcionan dos zapaterías, una joyería y una farmacia, todos inquilinos de rentas antiguas- solicitaron en febrero de 1997 la declaración de ruina legal por considerar, de acuerdo con el informe de un arquitecto, que el coste de las reparaciones necesarias para restablecer las condiciones de uso del inmueble superaba el 50% del valor de sustitución. Los inquilinos, por su parte, presentaron informes en sentido contrario, por lo que el Ayuntamiento, como es habitual en estos casos, pidió un tercer dictamen de un técnico nombrado por el Colegio de Arquitectos, que ha dado la razón a la propiedad, algo también habitual, dado que en estos casos los arquitectos prefieren nadar y guardar la ropa y no arriesgarse. En base a estos informes, ahora el Ayuntamiento está a punto de dictaminar la declaración de ruina. La aplicación de esta figura legal supone que el propietario no está obligado a respetar los derechos adquiridos de los inquilinos, que pueden ser desahuciados sin indemnización. Los inquilinos han denunciado reiteradamente el abandono en que los propietarios han tenido el edificio. En este sentido, un informe municipal señala, tras una inspección, que "al encontrarse las ventanas y balcones de fachada abiertos en pisos altos, se favorece el progresivo deterioro del interior del inmueble". Algo en lo que coincide el arquitecto dirimente, José Manuel Suay, quien señala que "la mayor parte de las patologías observadas tienen como denominador común la falta de mantenimiento que ha tenido el inmueble y el estado de abandono de algunas zonas del mismo". Si finalmente el Ayuntamiento declara la ruina, lo más probable es que los inquilinos de los bajos recurran judicialmente, lo que retrasará cualquier solución al menos un par de años. Mientras, proseguirá el deterioro del edificio, aunque el propietario está obligado a tomar las medidas necesarias para su mantenimiento. De todas formas, no existe peligro de derrumbamiento, porque en ese caso el Ayuntamiento debería instar directamente el derribo.
