Cultura creará un cuerpo de inspectores para multar a los editores que no registren sus libros

Los 25.000 títulos que se editan en Madrid cada año tendrán que ajustarse a una nueva ley regional. La Consejería de Educación y Cultura ha decidido crear un cuerpo de inspectores bibliográficos que velará para que todas las editoriales cumplan con la nueva norma. El anteproyecto de la Ley del Libro y del Fomento de la Lectura incluye como principal novedad la creación del Depósito Legal de la Comunidad de Madrid (el primero de una autonomía española, según Educación). Todos los libros que se publiquen en la región tendrán que registrarse en este organismo público. De no hacerlo, sus editores podrán ser sancionados con multas de hasta cinco millones de pesetas.

El anteproyecto especifica que esta nueva normativa será aplicable "a las publicaciones unitarias editadas en uno o varios volúmenes, fascículos o entregas, ya sean impresas o figuren en soportes materiales distintos susceptibles de lectura, así como a los materiales complementarios de carácter visual o audiovisual que se editen conjuntamente con el libro".El anteproyecto establece dos tipos de infracciones en relación con el incumplimiento del obligatorio y nuevo Depósito Legal de la Comunidad de Madrid. Las infracciones leves ("no constitución del depósito en los plazos establecidos") podrán ser multadas por el Gobierno regional con hasta 250.000 pesetas; y las graves ("distribución o venta de ejemplares que carezcan del número correspondiente"), con hasta cinco millones de pesetas.

150 millones de ejemplares

No obstante, la ley deja la puerta abierta a que, "previa o simultáneamente a la tramitación del procedimiento sancionador", el presunto infractor tenga "la posibilidad de subsanar las irregularidades administrativas en que hubiera incurrido".En caso de hacerlo, se podrá archivar la actuación o atenuar la sanción impuesta, establece la normativa. La ley permite asimismo al Consejo de Gobierno de la Comunidad actualizar el importe de las sanciones pecuniarias previstas en esta normativa. En esta línea, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid será la institución encargada de perseguir a los infractores. Para ello contará con un grupo de "funcionarios designados para las labores de inspección". Estos trabajadores tendrán "la condición de autoridad en el ejercicio de tales funciones a todos los efectos", señala la normativa.

La Comunidad de Madrid agrupa a unos 300 editores (el 50% del total nacional, y donde se editan un tercio de todos los títulos que se publican anualmente en España), que controlan el 40% del negocio de la venta de libros españoles, lo que supone la edición de 150 millones de ejemplares al año. En materia cultural, el Gobierno regional tiene asumidas plenas competencias.

El presidente de los editores de Madrid, Fermín Vargas, considera un "desatino" la creación de un depósito legal regional. "Ya tenemos que depositar cinco ejemplares en el depósito nacional. Si cada comunidad autónoma va a crear el suyo, esto va a ser un lío. Además, quién tiene que depositarlos: ¿los editores o los impresores?", se pregunta. "Los editores estamos en Madrid, pero los impresores pueden estar en Tailandia", añade.

La ley, según recoge su capítulo primero, tiene como objeto fundamental "promocionar la creación, edición, difusión y distribución del libro y fomentar la lectura en el ámbito de la Comunidad de Madrid".

Para ello establece ayudas "a las iniciativas de renovación tecnológica y modernización del sector editorial, artes gráficas y distribución y venta del libro".

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno regional podrá, además, "cooperar con otras administraciones públicas y entidades privadas para la edición de libros y otros materiales que tengan por finalidad la difusión de la cultura y el patrimonio de la región". Igualmente, "otorgará subvenciones y ayudas destinadas" a la formación de editores, impresores, libreros y distribuidores, así como al fomento de reuniones de expertos o apoyo a proyectos de investigación", señala la legislación.

"Norma sin consensuar"

Fermín Vargas, presidente de los editores madrileños, se queja amargamente de que la consejería que encabeza Gustavo Villapalos haya elaborado la ley sin consultar a las personas e industrias que se verán afectados por ella: los editores. Vargas lo relató así: "No entro en si la ley es buena o mala, porque aún nadie nos la ha enseñado, pero es inconcebible que no se nos haya consultado, a pesar de que sabemos que desde hace más de un año la Comunidad trabajaba sobre ella".Y concluyó: "Esta Comunidad es la que menos hace por los libros de toda España. Pido al Gobierno del presidente Alberto Ruiz-Gallardón que tome ejemplo de la Generalitat de Cataluña o de la Xunta de Galicia. Allí protegen y cuidan al sector del libro. Sus políticas son modélicas". "A lo mejor", reflexiona Vargas, "las aplican por intereses lingüísticos, no lo sé, pero son ejemplares en ese sentido".