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El fiscal pide al Tribunal Constitucional que mantenga en prisión a Barrionuevo y Vera

El fiscal ante el Tribunal Constitucional se opuso a la suspensión de las penas de cárcel de José Barrionuevo, Rafael Vera y otros cuatro condenados del caso Marey, e informó a favor de la excarcelación de los cinco ex policías condenados a penas no superiores a los cinco años y medio de prisión. La defensa de José Barrionuevo también presentó ayer sus alegaciones en las que, como motivo principal para pedir la suspensión, aduce los votos particulares de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que disintieron de la sentencia por apreciar vulneración de derechos fundamentales.

La Fiscalía del Estado distribuyó un resumen de la propuesta pero no el texto íntegro del dictamen, pero del primero parece deducirse que el fiscal ante el Constitucional ha fundado el informe en su propio criterio temporal, según el cual no debe accederse a la suspensión de la ejecución de la sentencia cuando las condenas superan los cinco años de prisión.La fiscalía considera que no procede la suspensión de las penas privativas de libertad de José Barrionuevo, Rafael Vera y Julián Sancristóbal, condenados cada uno a 10 años de prisión, ni la de Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, condenados a 9 años y seis meses. Tampoco cree procedente la libertad de García Damborenea, sentenciado a siete años de cárcel.

En cambio, apoya la suspensión de la pena para los excomisarios Julio Hierro y Francisco Sáiz Oceja, condenados ambos a cinco años y seis meses, y la de los exinspectores Luis Hens y José Ramón Corujo, condenados a cinco años.

Respecto a Hens, la Junta de Tratamiento de la prisión de Córdoba propuso ayer que se le conceda el tercer grado penitenciario, lo que implica que en breve sólo tendrá que ir a prisión a dormir, aunque lo más probable es que el Constitucional deje en suspenso la pena y le excarcele totalmente en una o dos semanas.

El fiscal apoya también la suspensión de la pena de prisión de Michel Domínguez, condenado a dos años y cuatro meses, si bien éste se encuentra ya en libertad. En cambio, se opone a que queden en suspenso las indemnizaciones acordadas -30 millones a Segundo Marey- y las condenas en costas impuestas a cada procesado. El ex policía José Amedo, ya en libertad, no recurrió.

También se opone a la suspensión de las penas de inhabilitación absoluta impuestas como principales. Estas penas implican para Barrionuevo, Vera y Sancristóbal la privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos, y para el primero, en concreto, la retirada de su acta de diputado. Para los demás condenados, en particular los policías, implica su expulsión del Cuerpo Nacional de Policía, medida ejecutada hace unas semanas.

Derecho de sufragio

Respecto de las penas privativas de derechos, configuradas como accesorias de la de prisión, dado que éstas siguen la suerte de la principal, el fiscal cree procedente devolver el derecho de sufragio a Michel Domínguez y mantener la inhabilitación especial para el sufragio pasivo a Ricardo García Damborenea. En suma, que Domínguez podrá votar, pero Damborenea no puede presentarse a las elecciones en los próximos siete años. El resumen de la fiscalía, de carácter no oficial, señala que la posición de la fiscalía "sigue la doctrina del Tribunal Constitucional" en este dictamen.Sin embargo, las alegaciones de Barrionuevo, entregadas ayer por su defensor, Pablo Jiménez de Parga, insiste en que el Tribunal Constitucional no se atiene a una aplicación mecánica del criterio temporal al decidir sobre la suspensión, sino que considera que han de ponderarse los intereses de los recurrentes, los de la sociedad y los de terceros afectados.

El defensor de Barrionuevo señala en su escrito que al pronunciarse sobre los recursos de amparo del caso Filesa, el Constitucional rechazó expresamente que la suspensión deba hacerse mecánicamente y atendiendo al límite máximo que el fiscal sitúa en torno a los cinco años de prisión.

Según el escrito de Jiménez de Parga, lo que viene exigiendo la jurisprudencia constitucional es que, en cada caso concreto, se realice una "delicada ponderación de los intereses en juego". Esa doctrina es la que, aduce el letrado, ha llevado al Constitucional a dejar en suspenso una condena de 11 años y 7 meses o a denegar la suspensión de un arresto de cinco meses.

Según la defensa de Barrionuevo, la jurisprudencia constitucional pone de manifiesto que deben tenerse muy en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, ya que, como dice el propio tribunal, "el interés general en la ejecución de los fallos judiciales firmes no puede ser entendido de modo tan rígido que haga inviable en todo caso la suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales". El defensor de Vera, Manuel Cobo del Rosal, entregó sus alegaciones hace días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de noviembre de 1998

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