Cándido Fernández dice que Garro le dió órdenes en nombre de Conde y otros

Cándido Fernández Tendero, ex director del Banco de Progreso, declaró ayer en calidad de imputado ante la juez Teresa Palacios que nunca consideró las indicaciones que recibió de Fernando Garro, director general de servicios en Banesto durante 1989 y 1990, para invertir determinados fondos, procedentes de la presunta estafa llamada Operación Locales Comerciales, como "indicaciones a título personal, sino del Grupo". Fernández Tendero señaló que "cuando se refiere a Grupo, incluye a los señores Conde, Lasarte, Romaní, Gómez de Liaño, Garro y Núñez". Ayer, Tomás Allende y Miláns del Bosch, otro de los imputados, no prestó declaración porque su abogado, Manuel Cobo de Rosal, tenía un juicio fijado con anterioridad. Allende ha sido citado para el próximo 2 de diciembre.La juez Palacios investiga hasta que punto en la citada operación, por la que hasta el momento se ha abierto juicio oral, en el caso Banesto, contra Fernando Garro, tuvo algún tipo de participación el entonces presidente de Banesto, Mario Conde. Éste, precisamente, es uno de los tres imputados en el procedimiento complementario que sigue la juez Palacios, por decisión de la sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional.

Fernández Tendero matizó ayer algunos aspectos de su primera declaración, realizada como testigo, ante el juez Manuel García-Castellón. En sus precisiones se advierte un afán de no atribuir a Fernando Garro ni la propiedad ni la autoría personal de las instrucciones que le dio cuando decidió canalizar unos fondos, al parecer procedentes de la presunta estafa de locales comerciales en Banesto, para realizar inversiones. "Cuando en mi declaración me referí al señor Garro, nunca le atribuí las indicaciones que me daba como si fueran a título personal, sino de Grupo y como gestor de sociedades propietarias del dinero. Nunca afirmé si el dinero era o no del señor Garro porque nunca me constó que fuera así", dijo ayer.

Fernández Tendero realizó inversiones con fondos que, según los informes de la policía judicial, procedían de la presunta estafa de locales comerciales, que ascendió en total a 1.700 millones de pesetas.